Metro y rentas urbanas

Los debates de estos días sobre la financiación del metro, son una excelente oportunidad para reflexionar sobre las numerosas fuentes de recursos que podría tener una ciudad grande como Bogotá. Además de los impuestos convencionales, como el predial o el de industria y comercio, las ciudades tienen que participar de las enormes rentas que se derivan de las economías de aglomeración. Las potencialidades de la ley 388 de 1997 no se han aprovechado suficientemente, y las ciudades no avanzan en el aprovechamiento de las rentas urbanas.

Las finanzas de las ciudades se siguen administrando como si el suelo y el urbanismo no fueran relevantes. Y esta visión estrecha del presupuesto ha tenido dos consecuencias nefastas. Primero, la ciudad no participa de las rentas que se están generando. Y, segundo, se siguen desaprovechando oportunidades valiosas para que mediante las alianzas entre los privados y la administración local se desarrollen proyectos urbanísticos que crean riqueza.

La ciudad no está aprovechando las rentas, comenzando porque los ingresos por participaciones en plusvalías siguen siendo muy bajos. Además, es necesario concretar los cobros por congestión. Otras ciudades, como Sao Paulo, han diseñado mecanismos exitosos para titularizar derechos de edificabilidad. Las últimas emisiones de Cepacs (Certificados Transables de Edificabilidad), que se negocian en bolsa, han sido exitosas, y el gobierno de Sao Paulo ha obtenido recursos muy importantes. En 2010, el proyecto Agua Espraiada colocó Cepacs por un valor superior a los US$1.500 millones.

Las ciudades del país deben cambiar su concepción de las funciones de las secretarías de hacienda, que hasta ahora han actuado a imagen y semejanza del Ministerio de Hacienda. Esta asimilación es equivocada. Las secretarías de hacienda se deberían preguntar todos los días por las posibilidades de generar recursos a partir del manejo del suelo y de las dinámicas urbanas. En este sentido, su naturaleza es completamente distinta a la del Ministerio de Hacienda, que no se ve el suelo ni el urbanismo. Desde la óptica de las ciudades el panorama es otro. Ello significa que las secretarías de desarrollo y de hacienda, conjuntamente con las entidades de renovación urbana, deberían actuar como pre-estructuradores de proyectos de inversión y de desarrollo urbanístico. La ejecución de los proyectos, mediante alianzas con los privados, genera rentas que deben ser distribuidas entre los agentes públicos y privados. Puesto que las ciudades permanentemente están creando rentas, el desafío de los gobiernos locales, junto con los privados, radica en potenciar estas dinámicas y en compartir las rentas.

Si se mira desde esta perspectiva, el metro es perfectamente financiable. La ejecución de grandes obras es posible si se crean mecanismos para que la administración de la ciudad pueda participar de las rentas. Es bueno recordar que además del metro, Bogotá tiene otros proyectos igualmente costosos. Si a los $15 billones del metro se le suman los $7 billones que vale comenzar a descontaminar el río Bogotá, y los $11 billones de la malla vial, llegamos a $33 billones. Esta suma, que es alta, apenas incluye 3 proyectos. 

Pese a las cifras mencionadas, es posible ser optimistas. La dinámica urbana es una mina de oro, que tiene que ser explotada conjuntamente (gobierno local y privados). Hasta ahora estas rentas se le han dejado a los privados. Ya es hora de que la ciudad las capte y las disfrute.