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  • Juliana Ramírez Prado

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Aunque ayer se debía llevar a cabo un debate de control político que no pudo realizarse por la inasistencia de algunas entidades del Gobierno,  la senadora del partido Conservador, Nadia Georgette Blel Scaff, radicó el proyecto de ley que busca “la prohibición de la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto en Colombia”.

Con dicha iniciativa quedarían en la mira 56 empresas que están presentes en 25 actividades económicas que  incluyen el asbesto en sus procesos productivos, de acuerdo con el Dane. El componente es utilizado desde en las baldosas, laminas  y pastillas de frenos y embragues para carros hasta empaquetaduras y vestuario.

“La mayor parte de las víctimas provienen de Sibaté y son personas que estuvieron trabajando en Eternit. Aunque  no  son solamente las que tuvieron relación directa con la empresa sino  también familiares y habitantes cercanos a dicha firma”, expresó la senadora.

Se calcula que el país importó  en 2014 cerca de 24.164 toneladas de asbesto, aunque existen al menos tres minas que producen el material. La más conocida está ubicada en municipio de El Campamento, Antioquia y está a cargo de la empresa Bricolsa. 

La senadora Blel Scaff, explicó que dicho proyecto contempla entre varios aspectos,  un periodo de transición de un año para sustituir el material, un plan de adaptación laboral y un fondo de reparación de víctimas. 

De ser aprobado las sanciones que se contemplan aducen que si pasado el término del año de transición, alguna empresa continua manipulando cualquier variedad de asbesto y de los productos con este elaborados, la Superintendencia Nacional de Salud, podría sancionar con 100 smlmv por cada día de retraso.  Cabe mencionar que a este proyecto le anteceden cinco iniciativas fallidas en el Congreso de La República entre 2007 y 2009, las cuales  estuvieron a cargo de Jesús Bernal Amorocho (Polo Democrático Alternativo),  Zulema Jatin Corrales, (Partido Social de la Unidad Nacional), Javier Cáceres Leal  (Cambio Radical) y Pedro Muvdi (Partido Liberal).  

Demanda por $15.000 millones
Actualmente hay un  proceso judicial radicado en acción de grupo  con pretensiones que superan los $15.000 millones, en contra de   Incolbest S.A., Tecnología en Cubrimiento S.A., Eternit Colombia, Skinco Manufacturas de Cemento S.A., el Congreso de la República, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el municipio de Sibaté.

Guillermo Cáez, abogado representante de las víctimas y socio de Cáez, Gómez y Alcalde, expresó que “en total ya son 25 víctimas en este proceso y hace poco se transformó    la demanda para incluir a Skinco. Estamos esperando que se atienda dicha reforma para poder incluir las nuevas víctimas pero incluso una de las personas que nos había dado el poder murió hace dos días”.

La opinión

Nadia Georgette Blel
Senadora partido Conservador
“El proyecto contempla un periodo de transición de un año para sustituir el material, un plan de adaptación laboral, un fondo de reparación de víctimas y altas multas”.

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