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El más reciente se vio la noche del miércoles cuando, a través de la sentencia 156/2017 , la Sala Constitucional del TSJ asumió las competencias de la Asamblea Nacional aludiendo a una situación de “desacato” y de “invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”.
Así mismo, la Sala estableció que “la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras”, en relación con decisiones del poder ejecutivo.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que “en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”. De igual forma, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas, Borges manifestó que el Parlamento se declaró en rebelión y advirtió que desconocerá todos los fallos del máximo tribunal y solicitó al Ejército a que reaccione frente a la “ruptura del orden constitucional”.
Por su parte, el gobernador de Miranda, líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió, durante su corto paso por Bogotá, que la comunidad internacional fije una posición sobre el hecho de que “en Venezuela hay un dictadura”.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, también denunció un “autogolpe de Estado del régimen venezolano” contra la Asamblea Nacional y solicitó la convocatoria “urgente” del Consejo Permanente del organismo para discutir sobre la situación en Venezuela. Países de la región han expresado su preocupación por el agravamiento de la crisis en el país petrolero.
Para Mauricio Jaramillo, profesor del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, con este hecho se evidencia, en primer lugar, el fracaso de los diálogos entre la oposición y el gobierno; y en segundo, una clara amenaza para la democracia y una mayor polarización del país vecino. Además dijo que “la oposición se queda sin cómo poder ejercer control político al presidente Nicolás Maduro”.
A esta decisión se suma, por un lado, la sentencia del pasado martes en la que el Tribunal Supremo indicó que la Sala Constitucional “definirá los límites de los diputados”, luego de la solicitud del oficialista Héctor Rodríguez de anular la sesión de la Asamblea Nacional donde se aprobó el acuerdo para pedir la reactivación de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
Por otro lado, están las atribuciones especiales que otorgó el TSJ al presidente Nicolás Maduro “para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país”, como señaló el mandatario.
La opinión
Mauricio Jaramillo
Profesor de la Universidad del Rosario
“Este hecho confirma el fracaso de los diálogos entre el gobierno y la oposición. Así mismo, esta última queda sin cómo ejercer control político al gobierno de Maduro”.
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