martes, 2 de agosto de 2016
Algunos han manifestado su amplio disenso sobre este nombramiento, toda vez que consideran que el Fiscal General de la Nación, debe tener amplios conocimientos y experiencia en derecho penal dirigiendo como punta de lanza las directrices de ejercicio del ius puniendi.
De otro lado están los que consideran que el perfil del Fiscal debe obedecer más a aptitudes gerenciales y administrativas ya que en si mismo la Fiscalía, a partir de la reforma del Acto Legislativo 03 de 2002 y en concreto con la Ley 906 de 2004, perdió su naturaleza de “juez-parte”, por lo que el máximo representante de dicha institución debe velar por organizar eficientemente la institución para que de esta manera se mejore la percepción de la justicia y dentro de una perspectiva organizacional velar por construir un equipo de trabajo calificado de acuerdo a los criterios expuestos en el párrafo anterior. Prefiero este perfil.
Pero lo anterior no es óbice para desconocer los supuestos más básicos del derecho penal. Y en esto es que se basan, en mi criterio, los retos más importantes de la gestión del doctor Martínez.
Lo principal es entender que el proceso penal gira sobre el derecho constitucional en el que se erige nuestra constitución y es la dignidad humana, por lo que ninguna persona será instrumentalizada para conseguir ningún fin, y que el derecho penal protege a la persona que va a ser procesada por el Estado.
Otra gran gesta épica será entender y explicar a la sociedad cuáles son las finalidades de la pena en nuestro ordenamiento (prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado), finalidades que cada vez más se desconocen en el ejercicio judicial por parte de la entidad que el representará, creando el estado de cosas inconstitucionales más grande de nuestra historia y no es más ni nada menos que los centros de reclusión. De la mano de lo anterior debe tomar las riendas de una labor pedagógica para ilustrar a la sociedad sobre los tipos de justicia que se consagran en nuestro ordenamiento, y erradicar el concepto meramente retributivo como paradigma de idea de justicia. Es fundamental que se fortalezca la institución tratando de generar cargas laborales que garanticen eficiencia y suficiencia en el manejo de los casos, ya que tristemente hoy, por tomar un ejemplo, en las fiscalías locales se habla de dos o tres cargas humanas de trabajo.
Entre otras soluciones se deben robustecer los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal, es decir, la aplicación del principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones; deben realizarse proyectos de ley para despenalizar innumerables conductas así como velar por recoger los pronunciamientos jurisprudenciales de nuestras altas cortes, donde estas se han pronunciado iusnaturalisticamente a favor de los derechos de los derechos de procesados y condenados aplicando subrogados penales para conductas en las cuales estaban proscritos, entre otros.
Si me permiten reducir la problemática al absurdo preocupante, el mayor reto del Fiscal General de la Nación es dignificar humanamente el derecho penal colombiano.
