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miércoles, 16 de julio de 2014

Entre el 14 y el 16 de mayo se llevó a cabo en Cartagena, el décimo Congreso Internacional de Minería y Petróleo (Cinmipetrol). El objetivo del Congreso era discutir los temas relevantes para el nuevo plan de desarrollo, sin embargo el Congreso giró en torno a los “conflictos” que enfrenta la industria en el país.

Los distintos conferencistas, así como las discusiones dadas por los distintos panelistas giraron, en su gran mayoría, en torno a los distintos conflictos que enfrenta la industria extractiva. Dichos conflictos van, desde el conflicto armado colombiano, pasando por los conflictos entre las compañías y las instituciones del Estado, hasta los conflictos que enfrentan las compañías con las distintas comunidades.

Sobre el conflicto armado se habló, en general, de dos aspectos: cuáles han sido los avances de las conversaciones con las FARC en la Habana y cuáles pueden ser los impactos de los acuerdos que allí se logren. Estos temas fueron tratados por funcionarios del Gobierno Nacional. Al respecto, cabe destacar que el discurso, tanto de los miembros del Gobierno Nacional, como de los distintos exponentes, se daba bajo la premisa que el Estado colombiano ya había triunfado militarmente en el conflicto y que en consecuencia, estábamos comenzando a vivir el “posconflicto”. En segundo lugar, y como consecuencia de la premisa que el “posconflicto” está comenzando, la discusión giró al impacto del “posconflicto” en el sector. Sobre el tema se discutió bastante, pero rescato un tema y es que en un eventual escenario de posconflicto se puede esperar duro reto de las compañías del sector para afrontar una nueva realidad social.

En el plano relación Compañías-Estado el tema general que abarcó a los dos sectores en esta materia fue la seguridad jurídica, y cómo se debe fortalecer la normatividad colombiana en este sentido para que Colombia siga siendo un destino atractivo para la inversión extranjera. Así, se resaltó que como las inversiones que se hacen en el sector extractivo son de largo plazo, es necesario otorgar condiciones jurídicas estables a los inversionistas, para poder hacer frente a nuevos competidores de la inversión extranjera, como por ejemplo México, que hoy por hoy se encuentra en un proceso de transformación de su legislación interna para promover la inversión del sector hidrocarburos. Con respecto al sector minero en particular, la temática pasó por el esfuerzo que está haciendo el Estado para fortalecer las distintas entidades del sector, como por ejemplo la Agencia Nacional de Minería la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entre otras, y cómo es necesario que exista una articulación entre las distintas entidades del Estado, para que finalmente se logre desarrollar el potencial minero de Colombia.

Finalmente, con respecto a lo que se podría llamar el “conflicto social”, se abordaron varios temas, como por ejemplo cómo hacer para formalizar a los “mineros tradicionales” vinculándolos a la explotación de las distintas áreas de los títulos mineros que antes explotaban minas ilegales. Por otro lado, se discutió como el nuevo Sistema General de Regalías, ha afectado a los municipios productores, en tanto que el su ingreso por regalías directas se ha disminuido, sin perjuicio que también se mostró como el nuevo sistema ha permitido que la mayoría de los municipios del país se han beneficiado de las regalías. Todo ello se enmarca dentro de una problemática más general y es cómo se debe hacer para que la presencia de la industria extractiva genere beneficios reales para las comunidades de las áreas donde se realizan las operaciones y en consecuencia se logre obtener la llamada “licencia social”.

Para concluir, vale la pena hacer una nota aparte: la importancia de la industria extractiva para la economía del país y cómo se puede afectar la misma de aquí a 8 o 10 años, si no logramos desarrollarla aún más de lo que hoy está, no solamente extrayendo más, sino generando encadenamientos productivos alrededor de la misma.