viernes, 9 de octubre de 2015

Tradicionalmente, el rol de los abogados se ha circunscrito a interpretar la ley y determinar si los negocios de sus organizaciones se adaptan o no a ella

Sin embargo, a partir de la crisis financiera de 2008, se ha incrementado el nivel de regulación y supervisión de los mercados financieros y sus sujetos, trayendo como consecuencia que los abogados internos de instituciones financieras, no solamente deban asesorar sobre los temas legales propios de su competencia, sino además participar con voz -y en ocasiones también con voto- en la toma de decisiones del negocio. Lo anterior se ha traducido en que el rol de los abogados internos de estas instituciones sea, hoy en día, considerablemente más activo e involucrado con el negocio de éstas.

Ello no sólo genera el importante reto y oportunidad profesional de conocer e involucrarse en temas financieros, de riesgo, operativos, de mercado y de producto, entre otros, sino también un mayor grado de responsabilidad, que excede la derivada del mero asesoramiento legal.

Esta nueva realidad redunda en beneficio de la formación de abogados más integrales, que se ubican en una posición significativamente más informada a la hora de asesorar a sus organizaciones.

Sin embargo, en este contexto, los abogados pueden verse expuestos a situaciones en las cuales se hagan patentes conflictos de interés, derivados de su deber de asesorar -de forma objetiva e independiente- sobre la viabilidad jurídica de un producto, servicio o línea de negocio, habiendo participado, también en la creación, estructuración y/o aprobación de éstos.

A lo anterior se suma la posible existencia de otros dilemas éticos en aquéllos casos en los cuales, más allá de opinar sobre la viabilidad jurídica de un producto, servicio o línea de negocio, los abogados sean de la opinión que no es conveniente crearlo o llevarlo a cabo por la eventual materialización de riesgos no legales, con el fin de proteger la reputación de la organización, la legitimidad de ésta frente a sus accionistas, o incluso proteger el interés público y de los mercados financieros.

Los dilemas que implica el nuevo rol que los abogados de instituciones financieras están llamados a ejercer, se dilucidan con políticas y estructuras de gobierno corporativo robustas que garanticen la objetividad e independencia del asesoramiento legal, que definan la solución de los conflictos de interés que puedan presentarse, establezcan líneas de reporte directo de los abogados a la alta gerencia de la institución y determinen la participación de éstos en la identificación y reporte de riesgos no legales.

Más allá de los retos y dilemas anteriormente referidos, los abogados de instituciones financieras hoy tienen una oportunidad única de ser profesionales más integrales, con la capacidad de influenciar positivamente los negocios de sus organizaciones y los riesgos que asumen, actuando como verdaderos guardianes de sus intereses, de forma tal que, en las futuras crisis financieras que desafortunadamente acaecerán, nadie pueda volver a preguntarse ¿dónde estaban los abogados?