La semana pasada presenciamos cómo el oportunista cabildeo de unos pocos y la soberbia amenaza de paro de otros tantos continuaron rindiendo frutos en las fértiles tierras prelectorales colombianas, las cuales han sido abonadas por la baja popularidad del Gobierno y rociadas incansablemente con nuestros impuestos. Hemos visto de todo en este carnaval de ayudas: una reducción en los costos del combustible para los transportadores (en contra de lo que tantas veces pregonó el presidente Santos), un mayor subsidio a los cacaoteros y billonarias ayudas directas para el café, solo proporcionales al tamaño de su protesta. Esto fue solo el comienzo de una malsana dinámica de presiones por parte de empresarios, que sacan cada vez mayor provecho de la evidente debilidad del Gobierno, asegurando para sí mismos ostensibles beneficios privados que muchas veces se materializarán a costa del interés público.
En el caso del arroz, se negociaron unos cuantos puntos de popularidad ya no con los recursos de Hacienda ni con las utilidades de Ecopetrol, sino el bolsillo de los más pobres. Como una gran conquista se anunció el pasado jueves el acuerdo de establecer una franja de precios para el arroz, que funcionará con un piso de 122 mil pesos en Ibagué y 110 mil pesos en Villavicencio y un favorable precio techo de 125 mil y 132 mil pesos, respectivamente, por carga de 125 kilos. La imposición de un precio mínimo para el arroz, que representa un alza respecto a la actual cotización, es una de las más injustas y socialmente perversas medidas de política que pueda adoptar gobierno alguno. Imponer un sobrecosto a un bien básico de la canasta familiar, que representa una pieza fundamental de la dieta de los colombianos más pobres, pretendiendo beneficiar así a 10 mil productores, es a todas luces regresivo.
Cabe mencionar, sin embargo, que Colombia no es el único país que apoya a los productores de bienes agrícolas básicos. Alrededor del mundo, el apoyo a estos productos goza de todo tipo de justificaciones, que van desde la generación de empleo hasta la seguridad alimentaria. En el caso colombiano, la crítica no es a la existencia de una política agraria e industrial activa, ni al sano carácter contracíclico de una política fiscal que promueva mayor gasto público en medio de una clara desaceleración económica. Pero cuando se trata de influir el curso de un mercado, de recomponer bienestar entre productores y consumidores o de utilizar recursos públicos para favorecer a unos sí y a otros no, las políticas deben ser llevadas a cabo con niveles de precisión quirúrgicos y probada calibración técnica. En Colombia, nadie sabe cuál es la estrategia de apoyo sectorial, los criterios de asignación de recursos no son transparentes, las decisiones se toman caso por caso y generalmente responden a presiones ejercidas a través de las vías de hecho. Nada más lejano al buen gobierno.
En mi opinión, la respuesta de política sectorial ante la desaceleración de la economía ha sido paternalista, temerosa, improvisada y fundamentada en concesiones de alta factura política que generan una profunda regresividad social. La pregunta que queda en el aire es cuánto nos va a costar a los colombianos la reelección del presidente Santos tras la estructural destorcida en la popularidad de su Gobierno.
