• Natalia Cubillos Murcia

viernes, 21 de noviembre de 2014

Mucho se dijo sobre lo sucedido el 18 de diciembre de 2012 con el cambio en el modelo de aseo en Bogotá. Hoy, lo único que hay que investigar, según la Fiscalía General de la Nación, son las irregularidades entorno a la adquisición y mantenimiento de vehículos de aseo por parte de Aguas de Bogotá para la operación de ‘Basura Cero’.

“Respecto a los sobrecostos y otras posibles irregularidades en la adquisición de vehículos y su mantenimiento en la empresa Aguas de Bogotá, al evidenciarse que las actividades presuntamente irregulares se siguen presentando, se considera prudente disponer que continúen las investigaciones correspondientes”, afirmó el vicefiscal Jorge Perdomo.

Bogotá es la ciudad que más residuos produce al año: 2,3 millones de toneladas de los cuáles solo se reciclan 92.826 toneladas, es decir 3,9%. Esto provocó que el caos que vivió la capital del país hace casi dos años, fuera interpretado de muchas maneras.

Por un lado, el Gobierno Local sostuvo que los operadores privados hicieron un plan tortuga que volvió un basurero las calles de la ciudad; por otro, los opositores del alcalde Gustavo Petro argumentaron que el sistema no estaba preparado para recolectar la basura, había errores en la contratación y además que este insuceso había producido una contaminación ambiental irreparable para la capital del país. Sobre estas apreciaciones, Perdomo aseguró que ni hay indicios de que los operadores “organizaron un complot contra el Distrito”, ni había errores en la contratación, ni se produjo una contaminación ambiental irreparable para la capital del país entre el 18 y 20 de diciembre de 2012.

Por lo tanto, la Fiscalía decidió archivar el proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y prevaricato por acción, que enfrentaban el Alcalde; Diego Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab); y Henry Romero Trujillo, exdirector encargado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

María Victoria Vargas, expresidenta del Concejo de Bogotá, considera que esta decisión es muestra de que las sanciones diciplinarias no siempre desembocan en un delito, pero sin duda hubo responsabilidades y por esa situación la Superintendencia de Industria y Comercio aseguró que se violó la libre competencia en este proceso. Por supuesto, dijo, es pertinente que se siga investigando porque “pudo haber un detrimento al patrimonio sobre los camiones que se trajeron de manera transitoria al país, así como los que se adquirieron para prestar el servicio de manera definitiva”.

Para Guillermo Galves, consultor en temas de aseo y quien estuvo muy cercano al proceso, lo que sucedió en el momento fue que el alcalde Petro no tuvo la información completa de lo que iba suceder y fue una decisión improvizada frente a lo que se quería.

La Fiscalía General consideró que no hubo en realidad un “nuevo modelo”.

“En el Distrito no se creó ningún nuevo modelo. Los dos instrumentos jurídicos, el contrato 017 entre la Uaesp y la Eaab, y el decreto 564 de 2012, se ajustaron a derecho”. Los malos del paseo sí fueron Nelly Mogollón, directora de la Uaesp, por declarar la urgencia manifiesta cuando no había motivos reales para llevarla a cabo y Carlos Rojas Rivera, subdirector de asuntos jurídicos de la misma entidad, porque sus acciones habrían impedido el ingreso al Relleno Sanitario Doña Juana y esta situación habría ocasionado el caos de las basuras en Bogotá.

Además, dijo Perdomo, la Fiscalía compulsará copias para investigar penalmente por el delito de falso testimonio a Manuel Sánchez y Emilio Tapia, “en virtud de las graves inconsistencias en que incurrieron en sus declaraciones juramentadas sobre el supuesto complot de operadores privados del servicio de aseo”. Sobre lo que falta para el modelo, Mónica Villegas, directora de Bogotá Cómo Vamos, dijo que aún se necesita más inclusión con los recicladores pues aunque la única ciudad que cuenta con un esquema de remuneración por cobro de tarifa es Bogotá, esta cobija únicamente a cerca de 8.000 recicladores de los 18.335 incluidos en el Registro Único de Recicladores de Oficio.

Galves concluyó que falta mucho en materia de escombros, pues estos le generan un daño muy grande a la ciudad “falta educación para los constructores y una empresa que se dedique de lleno a esto”.

Las Opiniones

María Victoria Vargas
Expresidenta del Concejo de Bogotá
“Una investigación puede dar lugar a una acción penal diciplinaria o fiscal, las declaraciones que dio el vicefiscal demuestran que no hay delito, pero eso no implica que no hubo acciones que hayan producido fallas diciplinarias”.