sábado, 9 de enero de 2016

En esta ocasión nos referiremos a algunas de las ideas sobre el impuesto de renta de las personas naturales. Nos parece razonable que, en cambio de la clasificación actual que introdujo la Ley 1607 de 2012, se proponga tasar el impuesto sobre la base de la naturaleza del ingreso. No obstante, de entrada consideramos perverso limitar las deducciones de las personas no asalariadas con el argumento de que tienen espacio para la evasión: ello es legislar sobre la base de la trampa, lo que no sólo resulta injusto, sino que a larga es inocuo. Aún si la hipótesis fuera cierta, los avivatos encontrarán nuevas formas de evadir, y terminaremos por pagar los contribuyentes honestos lo que se roban los tramposos, tal y como sucede hace tiempo. La simplicidad y la información exógena son los mejores mecanismos inmediatos contra la evasión, mientras creamos una cultura de cumplimiento, que sólo será posible con educación fiscal y freno de la corrupción.

Nos parece conveniente una razonable segmentación de las tarifas según la naturaleza del ingreso, es decir, establecer tarifas cedulares, pero cuidando la eficiencia del tributo y la simplicidad. Incluir, por ejemplo, categorías tales como arrendamientos, intereses y dividendos, todo con el fin de asegurar la progresividad del impuesto, que es uno de los mayores problemas de nuestro sistema tributario. El informe afirma que el recaudo “es atípicamente bajo para estándares internacionales”, pero hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros países, el ingreso de la gran mayoría de los colombianos es irrisorio y, por tanto, debe dedicarse a gastos vitales. Toda comparación con países de la Ocde es inválida: no por entrar a un club de ricos dejaremos de ser pobres. Incluso, emular a los ricos nos puede empobrecer más.

La idea de agregar rangos en la escala de tarifas es acertada. Pero la propuesta todavía supone que los ricos de este país ganan $10 millones. Quien se los gane sabe que no hay mayor falacia, así en términos relativos gane “mucho”. Creemos, en cambio, que la tarifa debe llegar al 50% (y no al 35%, como se propone) para los verdaderamente ricos: aquéllos que tienen ingresos mensuales de decenas de millones y patrimonio de miles de millones, que hoy pagan lo mismo (o menos) que alguien de clase media.

Uno de los grandes aciertos es la propuesta de gravar las pensiones altas. Un informe de Fedesarrollo (2010) afirma que las pensiones del régimen de prima media están subsidiadas en más del 75%. Y ello sucede en forma singular en los casos que hemos llamado “pseudo-fraudes”, tales como pensiones obtenidas sobre bases artificialmente infladas (congreso, magistrados), regímenes privilegiados (Ecopetrol, Colpuertos) y sustituciones pensionales a cónyuges jóvenes. Si bien la reforma pensional de 2003 corrigió en buena medida el desequilibrio entre ahorro (aportes) y pensión, sus efectos en el fisco sólo se verán dentro de varios lustros. Nada justifica que los contribuyentes estemos subsidiando las pensiones altas, y por ello la propuesta de gravarlas no sólo es justa con los contribuyentes, sino que mejora la redistribución del ingreso y corrige en algo un subsidio desmedido.

Finalmente, no podemos dejar de comentar las declaraciones del presidente Santos y del ministro Cárdenas en el sentido de que estudiarán cuáles propuestas adoptarán.

Si bien es una obviedad que la Comisión no sustituye al Congreso, afirmaciones de este talante suenan descalificadoras, y dejan el sabor de que el esfuerzo de los comisionados -que recordemos trabajaron ad-honorem- puede terminar engrosando los anaqueles de tantos otros estudios expertos, que son ignorados por los políticos.