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martes, 19 de enero de 2016

El nuevo proyecto de Ley 223 de Cámara y 174 de Senado de 2015, el cual se encuentra pendiente de sanción presidencial, da vida a las nuevas Zidres. Estas zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, se suman a la multiplicidad de regímenes especiales para el uso de la tierra, que hacen cada vez más difícil la coexistencia de actividades económicas en las regiones.  

Son una nueva forma de aislar porciones del territorio, para dedicarlas en forma exclusiva a una actividad, en este caso la agricultura, bajo un régimen de excepcionalidad. Se trata de zonas cuentan con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola, por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), en consonancia con el numeral 9 del artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, o la que haga sus veces, y que se establecerán a partir de Planes de Desarrollo Rural Integral en lo que se ha denominado “un marco de economía formal y de ordenamiento territorial, soportados bajo parámetros de plena competitividad e inserción del recurso humano en un contexto de desarrollo humano sostenible, crecimiento económico regional, desarrollo social y sostenibilidad ambiental”.

Se dispone en dicho proyecto de ley que se reglamentará la integración, organización y funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Rural para las Zidres, que será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y éste será el responsable de liderar y coordinar la formulación de la política general de desarrollo rural, con base en criterios de ordenamiento productivo y social que permitan determinar las áreas prioritarias de desarrollo rural. Esto entonces supondrá, que lo viable serán los proyectos agrícolas exclusivamente, y que otro tipo de proyectos no tendrán cabida. Hacen parte de las actividades de utilidad pública e interés social, pudiendo con ello priorizarlas sobre otras iniciativas. Entre los objetivos que tendrán se menciona la promoción del desarrollo regional a través del ordenamiento territorial, la modernización y “especialización” del aparato productivo, la recuperación y regulación hídrica frente al Cambio Climático, en un marco de integración empresarial. 

Se dice que contribuirán  al desarrollo de procesos de producción familiar y comunitaria para la sostenibilidad alimentaria y la generación de excedentes agropecuarios, mediante el establecimiento de Unidades Agrícolas Integrales a partir de Producción Agrícola para la Familia (soberanía alimentaria y ahorro), Producción Agrícola para la comunidad (Generación de rentabilidad social) y Plantaciones para procesos industriales (Generación de Capital).

Al ser leído el proyecto de manera desprevenida, luce bastante positivo, pero si se analiza con mayor cuidado, se pueden advertir desde ya los futuros conflictos. 

El hecho de que el ordenamiento del territorio se vuelva cada vez, un ejercicio más y más complejo, con estas iniciativas, que aportan mayores situaciones excepcionales con privilegios legales para determinados grupos, hace que convivir en armonía se dificulte, porque cada quien querrá hacer valer su privilegio. 

Aun cuando las buenas intenciones se notan, en todo caso lo que prima aquí son los deseos del legislador para un mundo ideal, más que las vocaciones naturales y las actividades que la población elige para desempeñar, en los territorios. 

A pesar de que se afirma que vincularse a estas zonas es voluntario, lo cierto es que se anuncia que se establecerán el uso actual y potencial del suelo, se ordenarán las zonas geográficas de acuerdo con sus características biofísicas, hidrológicas, sus condiciones económicas, sociales y de infraestructura, y se definirán los lineamientos, criterios y parámetros necesarios que deben ser considerados para la elaboración de los POT en las zonas rurales. 

Esto ya supone que no habrá autonomía para decidir, sino que habrá una imposición. Nadie duda de los beneficios de dar apoyos al campo, para sacarlo del atraso en que se encuentra, pero la creación de restricciones de acceso a la tierra, seguramente ahondará los conflictos sociales.