• Natalia Cubillos Murcia

martes, 26 de agosto de 2014

Las quejas de los usuarios en la prestación de servicios de salud, que ya llegan a 111.844 en los primeros seis meses de 2014, no son la única preocupación que tienen las entidades por estas fechas.

De las 58.373 instituciones que se les vence el plazo para actualizar sus servicios en la página web del Ministerio de Salud y de la Protección Social (30 de agosto) así como su autoevaluación (30 de septiembre), solamente 33% ha cumplido con los requisitos.

Pero ser juiciosos en la norma de la Superintendencia para habilitar a las empresas es una cosa y otra, lo que perciben los usuarios. Las inconformidades están más en el régimen contributivo con 82.875 notificaciones , mientras que en el subsidiado hay 19.188.

Entre enero y junio las falencias más relevantes que los usuarios enmarcan en la prestación del servicio se da en el acceso y por eso 90.421 peticiones, quejas y reclamos (PQR) han sido recibidas por este aspecto.

Le sigue la insatisfacción de la parte administrativa de la entidad, con 11.668 inconformes, y la deficiencia en la atención de los pacientes, con 6.238. Jorge Fernández Mayorga, socio de CML Abogados Especializados, señaló que gran parte de la responsabilidad de las PQR se puede relacionar con la Ley 100, que le disminuyó el tiempo de revisión médico-paciente y por lo tanto “no permite al médico averiguar antecedentes de la enfermedad y los comportamientos”.

Además, dijo que muchos de los profesionales que atienden son inexpertos pues están recién graduados y cuestionó la calidad de los productos farmacéuticos que son utilizados.

A pesar de la era digital, el teléfono es el medio predilecto para recibir las PQR (46%), seguido por la página web (40%) y por escrito llegan solo 9%.

Para el presidente de Acemi, Jaime Arias, la situación de las PQR podría mejorar pero esas cifras se “deben cotejar con la satisfacción del servicio al usuario que realiza el Ministerio de Salud, en el que 80% de los usuarios ha tenido una respuesta positiva”.

Además, destacó que el número de tutelas se mantuvo constante en el último año y, en cambio, los servicios aumentaron significativamente. “Lo que implica que se ha mejorado mucho en términos de cobertura y en el servicio que se ha prestado”, señaló Arias.

Un aspecto que sin duda afecta la prestación del servicio es cómo se percibe la cartera a las prestadoras, sobre esto, la Supersalud estima que a marzo hay una cartera de $5,1 billones y para la vigencia actual hay $2,1 billones con más de un año de vencimiento. La entidad señaló que en lo corrido del año pasado la Supersalud profirió sentencias por más de $2.000 millones por motivo de conflictos en la facturación de servicios de salud.

¿cumplimiento por departamentos?
La Supersalud advirtió que de no dar cumplimiento a los trámites, las empresas serán sancionadas con procesos administrativos y disciplinarios, que podrían implicar multas de hasta 700 salarios mensuales, es decir $431 millones. “Si un prestador se inactiva, es como si no existiera, deberá abstenerse de prestar los servicios de salud, y en los casos de IPS y servicios que requieran visita previa, no podrán volver a activarse hasta cuando el ente territorial o distrital de salud los verifique y dé cumplimiento de la normativa de habilitación, trámite que puede tardarse hasta seis meses”, señaló John Jairo Granda Arcila, gerente de la empresa de consultoría Actualisalud.

Los departamentos más juiciosos son Guainía, que con once empresas logró el 100% de actualizaciones al 21 de agosto de este año; Arauca, que ya cumplió 79%, de 231 sedes; Chocó, 77%, y Cauca, 61,9%. Antioquia, Valle del Cauca (incluyendo sus capitales) y Bogotá son los que más concentran prestadoras y, por lo tanto, la situación de los dos últimos es la más preocupante. En Cundinamarca (sin Bogotá) 28,2% de las empresas han realizado la actualización y en el Valle del Cauca, de 6.567, 26,7% están al día ante las autoridades. Antioquia, por su parte, ha cumplido a medias la tarea puesto que de 8.334 compañías, 51% ya pasaron la tarea propuesta por la Supersalud, y en el caso de Bogotá, de las 14.777 empresas, solo 23,9% ha hecho el trámite.

Arias dijo que estos resultados muestran que hay muchas IPS pequeñas que no tienen la infraestructura para hacer estos trámites de manera cumplida. “La mayoría, si no todas las EPS, ya presentaron estos datos para evitar sanciones por los trámites”. Fernández Mayorga agregó que muchas de las empresas no conocen el proceso, o simplemente no lo hacen porque les sale muy costoso.

Por ahora, son las secretarías de Salud las que deberán poner en cintura a las entidades, las que deberán vigilar el cumplimiento y tomar acciones en caso de que no lleguen a feliz término los trámites solicitados. Las sanciones económicas y disciplinarias pueden ser considerables, en los casos de inhabilitarse y continuar prestando los servicios de salud sin cumplir con los requisitos mencionados, aclaró Granda.La superintendente delegada para la Supervisión Institucional, Olga Lucía Jiménez, sostuvo que esta normativa se da a partir de la Resolución 2003 de 2014, en la que se cambiaron las condiciones de habilitación de los prestadores.

La autoevaluación para la que las instituciones tienen poco más de un mes para tramitar es el requisito para que las secretarías puedan hacer la vigilancia comparativa de los servicios que se ofrecen y que se prestan, así como la calidad ofrecida.

Las opiniones

John Jairo Granda Arcila
Gerente de Actualisalud
“Si un prestador se inactiva, es como si no existiera, deberá abstenerse de prestar los servicios de salud, y en los casos de IPS y servicios que requieran visita previa, no podrán volver a activarse hasta cuando el ente territorial o distrital de salud los verifique”.

Jaime Arias
Presidente de Acemi
“Las cifras de PQR se deben siempre cotejar con las de satisfacción al usuario, que el Ministerio hace a 18.000 personas. En este, 80% de los pacientes han tenido una respuesta positiva. Las tutelas han permanecido constantes y el servicio ha aumentado”.