Las paradojas del Distrito

Hace unos días tuve la oportunidad de presenciar la siguiente paradoja: mientras cerca de 3.000 rectores y directivos de colegios participaban en un encuentro organizado por la Mesa Nacional de Educación Privada en el Colegio San Viator sobre calidad y costos educativos, en el Concejo de Bogotá se aprobaba el polémico proyecto de simplificación tributaria después de varias semanas de intensos debates, y que al final no alivió la carga tributaria que está afectando a las instituciones educativas.

De nada sirvieron las señales de alerta que desde hace meses venían enviando los colegios a las autoridades del Distrito: la fórmula para determinar el valor catastral de los inmuebles donde funcionan desconoce el uso del suelo y no tiene en cuenta la capacidad económica de este tipo de contribuyentes, haciendo que el impuesto predial calculado con base en ese avalúo sea extremadamente alto y, para muchas instituciones, imposible de pagar. 

Volviendo al Encuentro de Educación Privada, la Dra. María Victoria Angulo, Secretaria de Educación de Bogotá, presentó una detallada ponencia sobre todas las iniciativas que está promoviendo para mejorar la calidad de los colegios de la ciudad. Es evidente que para alcanzar este ambicioso objetivo, los colegios están obligados a invertir intensiva y estratégicamente en aquellos frentes que más impactan de manera positiva todos los indicadores: mejoras en planta física y reforzamiento estructural, adecuación y mantenimiento de zonas verdes, dotación de aulas, capacitación y mejoras salariales de los docentes, entre otros.

Pocos días después, escuché la rueda de prensa que dio la Dra. Beatriz Elena Arbeláez, Secretaria de Hacienda distrital, en la que explicaba los alcances del proyecto de simplificación tributaria recién aprobado por el Concejo. Entonces, recordé la ponencia que había hecho la Dra. María Victoria Angulo en el Encuentro de Educación Privada y rápidamente concluí que las Secretarías de Educación y Hacienda no estaban alineadas. Mientras la primera realiza ingentes esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en Bogotá, la segunda está buscando aumentar el recaudo a toda costa para recomponer las finanzas del Distrito, quedando las instituciones educativas justo en la mitad. Ambos objetivos muy importantes pero que van en direcciones opuestas, pues los colegios no dispondrán de los recursos requeridos para invertir en calidad educativa después de pagar el impuesto predial, si es que también lo logran.

Aplaudo que el proyecto de simplificación tributaria haya puesto un tope al incremento del predial; sin embargo, se esperaban soluciones que también aliviaran el impuesto que a duras penas las instituciones educativas ya están pagando, como por ejemplo la redefinición de la tarifa para los predios dotacionales donde funcionan los colegios y la creación de una nueva categoría catastral exclusiva para las instituciones educativas que tenga en cuenta el verdadero uso del suelo, la capacidad económica de este tipo de contribuyentes y sobre todo, el papel tan importante que desempeñan en la construcción de la sociedad. 

La calidad educativa es posible cuando los colegios cuentan con los recursos suficientes para invertir de una manera segura y sostenible, como fruto de políticas tributarias adecuadas. Y para esto, es imprescindible que haya una mayor sinergia entre las Secretarías de Educación y Hacienda de Bogotá.