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martes, 1 de abril de 2014

Pero, por otro lado, genera desconcierto lo que está ocurriendo con Casanare, donde una sequía, que en opinión de expertos es la antesala al fenómeno de “La Niña”, que periódicamente afecta a nuestro país y a los países vecinos, está siendo atribuida por algunos, a las actividades de sísmica de la industria petrolera en la región. Especulaciones sin fundamento, pretenden responsabilizar a la industria petrolera de la lamentable situación de ese rincón de la patria, y no faltan quienes pretenden que ésta asuma los costos del manejo de la grave situación. Todo en aras de poder mantener lo que los legos en la materia, han denominado la “licencia social”.

Lo mismo ocurre con la industria minera. No son pocos los casos en los que se le atribuyen males o peligros inminentes, y se pretende responsabilizarla de estos para que asuma los costos de resolver las problemáticas que se dicen asociadas. Todo esto son verdaderas “piedras en el camino” que retrasan el crecimiento de las industrias y, con ellas el del país. A quienes las atacan sin fundamento, poco o nada les importa los efectos negativos que estos ataques generan.   Por ello resultan tan oportunas las palabras del Presidente Santos a la Revista de la ACP: “También creemos en las bondades del diálogo y la concertación. Es por ello que estamos trabajando para mitigar por esa vía, con las comunidades y las autoridades regionales, el impacto de las complicaciones que afectan al sector y que repercuten en las finanzas públicas. Estamos comprometidos con brindar las condiciones de seguridad necesarias en las zonas donde se desarrollan las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Así como con las reformas que se requieren para hacer que las empresas tengan tiempos de respuesta más rápidos, sin perder de vista el cumplimiento de los más altos estándares. La mejor manera de darle sostenibilidad a los ingresos petroleros es garantizarles la estabilidad jurídica a los inversionistas.” Lo anterior, porque es necesario avanzar en los logros de mejorar las condiciones del entorno de inversión, y como dice la Revista The Economist en su último número “A pesar de todos los tropiezos y retrocesos, Colombia está en algún lugar en su camino para lograr explotar sus reservas minerales. En 2013 la inversión minera fue de $ 3,6 mil millones, 21% más que en 2012. La minería representa ya el 2,3% del PIB y el 7% de las exportaciones, y las empresas extranjeras todavía se están alineando para explorar nuevos prospectos. Para los estándares de las economías emergentes ricas en recursos, es un lugar bastante bien dirigido, por lo que lo más probable es que pueda tener éxito en dar con un régimen de licencias que alivie las preocupaciones públicas sin disuadir la inversión.” 

Las industrias extractivas seguramente entienden que son altas las expectativas del país respecto de ellas, y que como sustento del crecimiento sostenible de la economía, tienen un compromiso serio y de largo plazo con nuestra Nación, pero como ciudadanos debemos reflexionar sobre dichas expectativas, ya que no pueden desbordar lo razonable. No se puede pretender que estas empresas atiendan todas y cada una de las necesidades insatisfechas, y se responsabilicen de todo lo que demandan las comunidades y las regiones del país, so pretexto de que por ser exitosas o de generar importantes ingresos, deben dar lo que se les exija sin medida.  La responsabilidad de nuestro bienestar es de todos, y en especial, la correcta inversión de los recursos económicos que estas empresas nos ayuden a generar. Por ello, hay que trabajar mancomunadamente con ellas, porque competimos con otros destinos de inversión por el interés de estas Compañías. No resulta prudente abusar de los socios, sino acompañarlos y apoyarlos para el éxito común.