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sábado, 19 de diciembre de 2015

Fue este discurso el que marcó el XII Congreso Nacional de la Infraestructura con un sentimiento de positivismo y grandeza. Los presentes (constructores, bancos, fondos, bancas de inversión y abogados) están llamados a ser los protagonistas del crecimiento económico del país. 

Pero en la efervescencia del momento, no se deben pasar por alto algunos breves anuncios, que no por breves dejan de tener transcendental importancia. 

El Ministro de Hacienda señaló - como una de las políticas más inmediatas y necesarias - la austeridad del gasto. ¿Afectará esta política de austeridad los distintos sectores de la economía, incluyendo la infraestructura? ¿Se frenará el impulso y crecimiento que ha registrado la infraestructura en los últimos tres años? En fin, la pregunta que encierra todas estas inquietudes se puede resumir en la siguiente: ¿La política de austeridad del gasto qué significa para la infraestructura y qué efectos tendrá?  

Ya vemos efectos tangibles del recorte; el gobierno decidió recortar algunos proyectos de la “tercera ola” de las concesiones 4G. Cabe reflexionar sobre el futuro de las iniciativas privadas que requieran desembolsos de recursos públicos. Es de esperarse que en ejecución del programa de austeridad, las entidades contratantes tiendan a sistemáticamente rechazar iniciativas privadas por el simple hecho de requerir desembolsos de recursos públicos.

Nos sumergimos entonces en un escenario incierto para el inversionista privado, en el que no es claro si las iniciativas privadas con recursos públicos serán viables y podrán coexistir con una política de austeridad del gasto o si, por el contrario, el originador tendrá que idearse la manera de presentar una iniciativa privada sin recursos públicos;  corriéndose el riesgo que el inversionista privado opte por no presentarla cuando por más cálculos y esfuerzos que haga los números no resulten.

Esto, además, pone en entredicho el futuro de la llamada infraestructura social que tanto ha sido promovida por el DNP. Es admisible afirmar que el aumento del límite de los recursos públicos previsto en el Plan Nacional de Desarrollo para proyectos diferentes a infraestructura vial de carreteras es un logro simplemente en el papel, sin recursos que permitan su ejecución y la vuelvan realidad. 

No parece coherente pretender que la infraestructura sea el sector que impulse la economía en los próximos años, pero al mismo tiempo se tomen medidas que frenan la inversión en infraestructura y generan incertidumbre en los inversionistas privados.  Por lo tanto, el reto será articular una política de austeridad que desde ya empieza a afectar la infraestructura con el ideal de la infraestructura como motor de la economía. Así, el gobierno deberá idearse mecanismos que contrarresten los efectos de sus políticas o abstenerse de implementar aquellas que afectan adversamente la infraestructura.