sábado, 18 de febrero de 2017
El día del anuncio, el jefe de la cartera del Interior señaló que algunos proyectos pasarían por la vía del ‘fast track’, a lo que el senador Iván Duque, del Centro Democrático, respondió que “se supone que el Gobierno vendió el ‘fast track’ para desarrollar los acuerdos. Ahora quiere utilizarlo para meterle ‘ñapitas’ que no están en los acuerdos”.
Sin embargo, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, señaló que cuando la Corte Constitucional aprobó la vía rápida para la implementación de los acuerdos, el Gobierno asumió que no solo podía utilizarla para este tema, sino para cualquier iniciativa.
Por otro lado, Claros está en desacuerdo con la propuesta de la reforma de que el voto sea obligatorio. “Todo lo que suene a obligatorio va en contra de la democracia, porque constriñe los derechos de la gente”.
Otra de las críticas que se suma a la lista hace referencia a la propuesta de que la financiación total de las campañas sea por parte del Estado. Iniciativa que surgió debido a los escándalos de corrupción que se han venido conociendo y que involucran a empresas privadas en campañas políticas. El Gobierno señaló que podría financiarlas en un 100% para evitar estos hechos.
Ante esto, el analista político Pedro Medellín explicó que lo que se está proponiendo no ataca la corrupción “porque la corrupción no está en la financiación, sino en los negocios que se hacen dentro de la función pública”, es decir, que durante las campañas no se hacen los ilícitos, porque todo queda registrado, sino que los funcionarios utilizan sus posiciones para favorecer a terceros.
Cabe señalar que la última reforma se hizo en 2015, cuando se aprobaron, entre otras, las inhabilidades para los funcionarios que no renunciaran a sus cargos un año antes de las elecciones a las que aspirarán.
Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, expresó que el Gobierno no puede acomodar las reglas como mejor le parezca y dijo que estas propuestas deben tener una mayor discusión. Frente a lo dicho sobre el voto preferente y las listas cerradas al Congreso, Charry sostuvo que no las ve necesarias para desarrollar los acuerdos de paz con las Farc.
Otra de las propuestas criticadas fue la de reducir a 16 años la edad mínima para votar, ya que, según el politólogo Simón Hernández, no existe una madurez ni una cultura política para contemplarla.
Las opiniones
Ovidio Claros
Presidente de la sala disciplinaria del CSJ
“No creo que sea buena la financiación total de las campañas por parte del Estado ya que no puede asumir esa carga, sobre todo, cuando no hay facilidades financieras o en momentos de déficit”.
Juan Manuel Charry
Abogado constitucionalista
“En cuanto a la propuesta que tiene la reforma política del voto obligatorio, todo lo que suene a obligatorio va en contra de la democracia, porque constriñe los derechos de la gente”.
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