• Natalia Arteaga

miércoles, 15 de octubre de 2014

Esta semana el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, le pidió celeridad a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que tome medidas definitivas que ayuden a resolver el problema de congestión que aqueja a la justicia en la actualidad.

Aunque entre las sugerencias de Montealegre está la asignación de jueces especiales para casos priorizados, LR quiso hacer un sondeo entre expertos en la materia y sacar 10 fórmulas que le podrían ayudar a la Alta Corte a resolver dicho problema.

Actualizar los modelos de gestión en los despachos, entender bien el diagnóstico de los procesos que atienden , mantener y aumentar los juzgados y tribunales de descongestión, incrementar el presupuesto de la rama judicial, fortalecer la carrera para llegar a ser juez, crear una jurisdicción especial para las tutelas, fortalecer la oralidad en diversas áreas del derecho, garantizar que a las Altas Cortes llegue gente por méritos y no por cuotas políticas o burocráticas, simplificar la ley para que los procesos judiciales sean más eficaces y no improvisar serían las tareas que tendrían que cumplirse para descongestionar la justicia.

Para María Teresa Garcés Lloreda, exmagistrada y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en Colombia “los procedimientos judiciales, tienen demasiados formalismos y protocolos. Constantemente dicen que van a simplificar los procesos y no pasa nada”.

La lentitud, sería, de acuerdo con la publicación de la Fiscalía, la mayor preocupación de Montealegre que destacó algunos ejemplos como el caso Interbolsa, en el cual la audiencia de imputación de cargos tomó más de seis meses para ser evacuada; o los procesos relacionados con el Carrusel de la Contratación en Bogotá, que ha presentado demoras al punto de la preocupación porque se ha estado cerca de producir situaciones como el vencimiento de términos.

En el Carrusel, aseguró el fiscal, que la audiencia preparatoria de Samuel Moreno ha tomado cerca de dos años, y el recurso de apelación de la audiencia preparatoria en el proceso de Lucy de Moreno lleva más de un año sin ser resuelto en el Tribunal Superior de Bogotá. La Dian tampoco salió absuelta de los retrasos y de acuerdo con el funcionario, la audiencia preparatoria del desfalco de la entidad dirigida por Santiago Rojas, lleva más de 50 sesiones sin mayores avances.

Dice Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, que el Consejo Superior de la Judicatura debe empezar a entender mejor el diagnóstico de los procesos, “hay varios estudios que contribuyen con el análisis de los casos, pero al parecer en el Consejo no los están analizando adecuadamente”. El presupuesto aprobado para 2015 de la Rama Judicial fue de $3,3 billones y dice Carlos Andrés Echeverry, constitucionalista de la Universidad Javeriana, que habría que engrosar la cifra, entre otras cosas, para crear nuevos juzgados y mantener los de descongestión, que se han ido desmontando gradualmente. El presupuesto, de hecho, es uno de los puntos que está motivando el paro de 25.000 funcionarios de la Rama y Freddy Machado, presidente de la Asociación nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), aseguró a Colprensa que “el presupuesto para el sector siempre es improvisado. No hay dinero para implementar el Código de Procedimiento Penal, la reforma al Código Penitenciario y otros. En Cartagena $1.000 millones que había para construir el Palacio de Justicia, se utilizaron para la planta de descongestión”.

Tendría los días contados
En el segundo de los ocho debates que tendrá que afrontar la proyecto de Equilibrio de Poderes antes de volverse una reforma constitucional, el Senado de la República le dio el visto bueno a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura que sería reemplazada por tres nuevas instituciones, entre ellas, el Tribunal de Aforados que supliría la Sala Disciplinaria de la Alta Corte.

Dicho Tribunal ha causado revuelo entre lo opinión pública por dos razones: los elevados costos que rodearían los $8.315 millones anuales para solo juzgar a 67 aforados que hay en el país y por su origen político, que en últimas no solucionaría el problema de fondo que hay en la Sala Disciplinaria. La votación de los funcionarios fue sobre nueve de los 42 artículos del proyecto.

Las Opiniones

María Teresa Garcés
Exmagistrada y miembro de la Asamblea nacional Constituyente
“Los procedimientos judiciales tienen demasiados formalismos con las leyes que se han expedido. Constantemente dicen que van a simplificar los procesos y no pasa nada. Eso ha provocado una gran congestión en el sistema”.

Gloria Borrero
Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia
“Hay varios estudios que contribuyen con el análisis de los casos, pero al parecer, en el Consejo Superior de la Judicatura no los están analizando adecuadamente. También hay deficiencia en el número de empleados y se deben tomar medidas definitivas”.