La utópica reforma a la salud

Mientras el Gobierno Nacional quiere convencer a los colombianos que “la salud ahora es un derecho según la ley estatutaria”, los expertos, que no tienen precisamente dientes de leche, no se comen eso cuento. La verdad, a quien le duela, es que los pacientes no tendrán derecho a todo. 

El concepto de la “progresividad de los derechos” ha permitido que la Corte Constitucional haya declarado exequibles la mayoría de artículos de la Reforma Estatutaria de Salud presentada por el Gobierno Nacional a finales del año pasado. Solo falta la firma del Presidente para darle inicio. ¿Que implicaciones tiene esto?

Cuando la Ley 100 de 1993 cambió la forma de ver la salud, en Colombia se respiraba un ambiente que permitía que la salud se posicionara como un derecho; sin embargo por lo ya conocido -falta de control y vigilancia eficaz, ausencia de procesos exigentes de calidad, reglas de juego equitativas entre pacientes, aseguradoras y prestadores-, los colombianos vieron el vaso medio lleno y a la vez medio vacío. En conclusión, lo que pintaba tan bien, solo resultó, con el tiempo, un simple espejismo.  

Por el manejo político de la salud, lleno de reparos y corrupción, a los ciudadanos de a pie nos quisieron vender que las coberturas del plan obligatorio eran ilimitadas y que tenían una cobertura infinita. Nada más falso, utópico y alejado de la realidad, pues ningún sistema de salud en el mundo puede asegurar esta percepción. Pues no es lo mismo cotizar con un salario mínimo  o tener ingresos superiores. Esto de entrada debe asegurar proporcionalidad y equidad. 

Por otro lado se deben establecer reglas que no sean vulneradas antes de inaugurarse como sucedió con el esguince hecho al Fosyga, trampa de la que se benefició la industria de la salud al lograr vender miles de millones de dólares en medicamentos, tecnologías y tratamientos que muchas veces no eran costo - efectivos ni lograban igualar, en muchos casos, la Lex Artis.

Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema de exclusiones donde todos tenemos derecho a todo?

El espíritu de esta norma es llevar a un manejo racional de indicaciones diagnósticas y terapéuticas, y que no sigamos abusando del sistema logrando que un porcentaje inferior al 10% de los colombianos gaste el mayor presupuesto del sistema y haga inviable a futuro la salud para todos.

Me pregunto: ¿Qué harán algunos jueces ahora, que estaban dedicados a aprobar todo lo que los pacientes consideran necesario para su vida, el libre desarrollo de la personalidad, etc., y ahora el derecho a la salud?, ¿Sera que logramos proteger la tutela como un beneficio constitucional de los derechos y no como una estrategia para autorizar todo?

Los ciudadanos nos convencimos también que la salud es bienestar; pues seguimos manejando esta trillada definición de la OMS de 1948 y como dice Antonio Pardo, “sin embargo, la salud no es bienestar. Más bien, el bienestar es, en cierta medida, una parte de la salud, es decir, es uno de los medios necesarios para poder seguir viviendo”.

A partir de la firma del Presidente no se podrá utilizar el dinero del sistema para construir ascensores en las casas de los pacientes, pagar tratamientos cosméticos, viajes, pago de cuidadores, etc. 

Esperemos con esta ley no volver a ver el detrimento presupuestal del sistema, abusos de la tutela para logros personales, juegos inadecuados de Comités técnico-científicos para justificar moléculas de última generación que no han llegado ni a fase tres de experimentación. Le deseamos tranquilidad a los jueces de la República para que se dediquen a impartir justicia y a los médicos inteligencia y paciencia para que sepan impartir su conocimiento al servicio de la salud y del paciente. Solo de esta manera podremos contar con un sistema equilibrado que sea sostenible en el tiempo.