lunes, 21 de septiembre de 2015
Cuatro años después no se conoce el organigrama del cartel anunciado, tampoco se han mostrado las capturas de sus cabecillas no se ha hecho público los embargos de cuentas bancarias o la extinción de dominio de propiedades o activos de ese supuesto cartel. En cambio, si estamos ante el peor momento del sistema. La salud está en manos de la empresa privada, son grupos empresariales, familias y ciudadanos que han visto que el negocio de la salud es una opción adecuada para construir país. Pese a que el ministro actual ha sido valiente y coherente en la búsqueda de una reglamentación y control al gasto desmedido que venía generándose; el sistema se raja en las prácticas en las que el Estado le ha permitido a las EPS hacerle goles al sistema. Hoy, el gobierno, a través de las Empresas Promotoras de Salud, debe a los hospitales más de $5 billones con cartera vencida de un 57%. Indicadores insostenibles y absurdos.
En la práctica los días de cartera rondan los seis meses, la cartera en promedio equivale a cinco o seis meses de facturación del respectivo hospital, las glosas son otro segmento con el cuál las aseguradoras se financian y demoran el pago de obligaciones a las instituciones de salud. “Es que no alcanza la UPC”: dicen gobierno y EPS. Entonces, sugiero, ajusten la metodología de cálculo y los límites infinitos de las normas del derecho absoluto; no le sigan rindiendo culto a la autonomía intocable del personal de la salud; y controlen a los jueces que tratan a los pacientes con sentencias irreales.
Las instituciones intervenidas escasamente pagan la cartera corriente en promedios calculados a las redes que aseguran los mínimos de atención, los demás hospitales tienen que hacer fila y esperar a que se hagan conciliaciones que después de meses son logradas gracias a la extorsión y a la renuncia por derecho de porcentajes de descuento que pueden ir entre el 5 y el 20 por ciento. Es decir, no se reconocen intereses, al contrario, se disminuyen los montos que no alcanzan a cubrir los costos financieros.
Y el gobierno sostiene que no va a pagar las deudas viejas que son parte de la negociación entre las EPS y los hospitales. Mejor dicho, apague y vámonos. En conclusión, las medidas de Minsalud con una lógica de contención de costos hacen que cada vez sea menos viable la prestación del servicio. Por un lado se habla de los derechos a la salud como un logro para los colombianos y son incluidos todos los servicios inimaginables y tecnologías en el plan de beneficios; por otro, como si los pagos fueran adecuados, se generan normas irrisorias del primer mundo en un país como este que aún está en vía de desarrollo.
En este negro panorama lo único claro es que las carteras siguen creciendo, las EPS continúan con sus prácticas de financiamiento, las medidas de control del gobierno aprietan la libertad de empresa y sofocan la sostenibilidad de los hospitales. La solución, pareciera ser endeudarse más sin que el Estado quiera asumir la responsabilidad de mantener estas estructuras que son las que favorecen intermediación, integración vertical, manejo de proveedores, pérdida de la calidad en la atención y en medio están los pacientes que perciben una burocracia que se dedica a controlar el PyG mensual de cada EPS a toda costa.
