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INFRAESTRUCTURA

La Ruta del Sol II tendrá una nueva licitación tras la orden de la Superindustria

viernes, 17 de febrero de 2017
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Teresita Celis

“Encontramos que las cosas que ocurrieron en el proceso licitatorio son conductas violatorias de la norma de libre competencia. La única forma de culminar esa violación es ordenándole a la ANI que decrete la terminación del contrato, que también habrá que liquidar”, explicó Robledo. 

Con la medida, se paralizarían las obras de 5.000 empleados directos que para la fecha participaban entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Curumaní, Cesar). De acuerdo con los expertos consultados por LR, esta nueva licitación tardará al menos un año, con lo se agrega aún más tiempo al proyecto de construcción de la vía.

Esta medida se suma a la suspensión temporal de las obras que había ordenado el Tribunal de Cundinamarca hasta que se resolviera un recurso interpuesto por la Procuraduría y a los problemas con el tribunal de arbitramento de la obra, que busca dirimir un pleito por más de $700.000 millones entre el contratista y la Nación.

Dos décadas en obras

El recorrido de lo que es hoy la Ruta del Sol no ha sido corto, ha estado lleno de penumbras y ha pasado por las manos de cuatro presidentes.

 Su génesis está en la Troncal del Magdalena Medio, una vía lanzada con bombos y platillos a mediados de los noventa y que llevaría a Colombia por el camino de la modernización, las dobles calzadas y autopistas entre una rezagada infraestructura vial. Su misión: conectar el centro del país con la Costa Caribe. 

Pero las cosas no empezaron bien. En 1997, en el Gobierno de Ernesto Samper, a través de Invías, la construcción del proyecto en concesión (Tobía Grande-Puerto Salgar) fue entregada a Commsa, un consorcio conformado por firmas españolas y colombianas, que terminó incumpliendo e inmerso en un multimillonario pleito con el Gobierno. Al final, Commsa abandonó las obras. Con un proyecto empezado y parado, les tocó a los gobiernos siguientes (Andrés Pastrana y Álvaro Uribe), hacerle frente.

Pastrana declaró la caducidad del contrato en 2000 y tuvo que poner la ‘artillería’ legal del Estado en la disputa con Commsa. 

Mientras se lograba un acuerdo con la firma colombo-española, que, finalmente, en 2007 terminó indemnizando al Estado colombiano en $300.000 millones, Uribe, en medio del ‘boom’ de las concesiones viales, transformó la Troncal del Magdalena Medio en lo que hoy se conoce como la Ruta del Sol. El término megaobras se puso de moda.

El proyecto se rediseñó y lo toma el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) creado por el Gobierno de Uribe en 2003 para hacerse cargo de todas las vías entregadas a privados. Esa Ruta del Sol contemplaba la construcción de una doble calzada a lo largo de 1.070 kilómetros (entre Villeta y Valledupar) con un costo de US$2.600 millones.

 En 2009 fueron adjudicados dos de los tres tramos previstos, que debían ejecutarse en cinco años. Los contratos fueron entregados por el entonces viceministro de Transporte y en ese momento director encargado del Inco, Gabriel García, hoy preso por supuestos vínculos, en la entrega del tramo dos, con los sobornos pagados por la firma Odebrecht (US$6,5 millones) para obtener dicho contrato. La brasilera hacía parte del Consorcio Estructura Plural Promesa de Sociedad Futura Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, conformado por la Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investimentos em Infra-estructura, CSS Constructores S.A y Estudios y Proyectos del Sol S.A. - Episol, encargado del sector dos entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar). 

Terminado el Gobierno de Uribe, entra el de Juan Manuel Santos, quien transformó el Inco, para entonces inmerso en múltiples escándalos, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en cabeza de Luis Fernando Andrade. Veinte años después y tras los ‘megaescándalos’ de Odebrecht, de los que nadie se salva, sigue el calvario.

¿El fin de la obra quedará en veremos?

Ahora la preocupación es que si las obras en principio se debían entregar este año, y lleva 60% de avances, se le debe añadir que el retroceso generará más tiempo perdido. Exactamente un calendario que aún es incierto.  “Con lo que acaba de pasar se congelan las obras, y el Gobierno ha dicho que el tramo dos lo va a coger el Invías, la obra puede paralizarse hasta un año mientras se abre la oferta de la licitación, hasta que aparezcan interesados en ella, se haga el concurso respectivo y se dé inicio al movimiento de la obra”, explicó el experto y docente en infraestructura Jairo Espejo.  

En un mes deberá abrirse la licitación pública: Mintransporte 

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró que ya desde esta dependencia se estaban tomando acciones que llevaran a “liquidar lo más pronto posible este contrato para poder tomar el control y sacar adelante el proyecto”.

Según el funcionario, esta cartera, de la mano de la ANI, Invías y el interventor, se encontraba trabajando en una revisión técnica de los más de 500 kilómetros del proyecto. 

Rojas destacó que, con la decisión de la Superindustria, el ministerio espera que antes de un mes esté listo un traslado presupuestal de más de $400.000 millones, con el fin de abrir dentro de un mes las licitaciones públicas y en unos dos y medio o tres meses adjudicar el contrato para que las obras se reinicien hacia el segundo semestre de este año.

“Algunos tramos tienen avances grandes, otros medianos, otros con retrasos muy graves y otros aún no han sido intervenidos el plan es tomar los tramos que ya tienen obra palpable e inversión muy fuerte que podría perderse si no le hacemos una intervención rápida”, advirtió el jefe de la cartera de Transporte.

Las reacciones 

Jairo Espejo
Experto en Infraestructura
“Los problemas que rodean este escándalo, tienen  consecuencias para el desarrollo de la infraestructura vial del país”. 

Francisco Suárez
Consultor en infraestructura  
“El único referente para definir si una empresa cumple para hacerse adjudicatario a un contrato, deben ser las bases que se estipulan”. 

Pablo Felipe Robledo
Superintendente de industria  y comercio
“Con la anulación del contrato lo que busca la Superintendencia es darle garantías a la libre competencia comercial”. 

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