Las pensiones son uno de los componentes más importantes en una economía y por ello mismo generan grandes preocupaciones. Aquellas permiten que quienes han trabajado aseguren ingresos para su vejez que les ofrecerán modesta pero digna calidad de vida mientras descansan. Estos ingresos también contribuyen a crear un círculo virtuoso en la economía pues, quien tiene capacidad de gasto, consume, deriva ingresos y utilidades para las empresas que, a su vez, pueden mantener y aumentar el número de empleados y producir nuevos ingresos a la economía.
Esta política ha sido un reto para los gobiernos porque ha generado un alto nivel de gasto. Se calcula que el pasivo pensional actualmente está por el orden del 120% del PIB. Sin embargo, en los últimos 20 años alrededor del 40% de la reducción del PIB, en valor presente neto de las obligaciones por pensiones, se puede atribuir a los efectos de la Ley 100 de 1993 que se centró en la reducción de las tasas de sustitución y del aumento de la edad de jubilación. El restante 60% de la reducción del PIB se logró con las Leyes 797 y 860 de 2003, al reducir aún más las tasas de reemplazo y, a partir de la reforma constitucional de 2005, se prohibió el uso de regímenes especiales en el futuro. Antes de la reforma de la ley 100 el pasivo pensional estaba en el orden del 200% del PIB.
A través de la Ley 100 de 1993 se instituyó un sistema pensional público-privado en Colombia, con esta reforma se intentaba solucionar tanto cobertura como de sostenibilidad financiera. Con la reforma de la ley 100 y, bajo la ley 797 de 2002, las cotizaciones pensiónales de carácter general se incrementaron en un 1%, llevándolas a 14,5%, encareciendo la nómina de las empresas sin solucionar definitivamente el pasivo ni la cobertura. Después, con el Acto Legislativo 01 de julio de 2005, se buscó incluir elementos que mejorarán la equidad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, en esta se tomaron medidas como el tope máximo de 25 salarios mínimos a las pensiones en el Régimen de Prima Media y se redujo el periodo previsto para los regímenes de transición.
Sin embargo, ninguna de estas medidas ha podido resolver definitivamente los problemas y actualmente uno de los graves realidades del sistema pensional colombiano es que, mientras representa el 22% del gasto público anual tienen una cobertura de apenas el 25%. Otros países como Portugal, aun con la crisis que padece y con un gasto del 21.9%, tiene una cobertura del 82%. Otro de los grandes problemas es la iniquidad del sistema, según un informe de Fedasarrollo, las personas que ganan menos de un salario mínimo legal vigente, alrededor del 90%, no están afiliadas al sistema pensional. Mientras que apenas el 50% entre las personas que ganan de uno a dos salarios mínimos y el 70% entre las que ganan más de dos salarios mínimos, están afiliadas.
Otro informe evidencia que los subsidios del sistema de prima media están muy mal distribuidos pues, mientras que el 0.3% de ellos van al primer quintil, es decir el 20% de la población más pobre, el 80% van al último quintil, el 20% más rico de la población.
Según Fedesarrollo, a junio de 2012 los pensionados en Colombia eran tan solo el 30,1% de la población en edad de pensionarse, lo cual equivale a cerca de 1,5 millones de personas. El Ministerio de Trabajo, habla de 22 millones de colombianos trabajadores, de los cuales apenas 7.7 millones están inscritos al sistemas general de pensiones, sin embargo, comenta que el 90% de estos 7 millones no se puede pensionar pues, o no cumple con las semanas o con el ahorro suficiente.
Las cifras son claras; el país y los trabajadores necesitan una reforma pensional inmediata que borre la inequidad existente e incluyente.
