La reforma estructural que sí llegará

Son muchos los indicios que hay en el ambiente nacional que anuncian una verdadera reforma agraria en Colombia, una como nunca se ha realizado; eso si nuestros gobernantes de turno - léase ministros de Agricultura, Interior y Presidente, especialmente- no son inferiores al reto de cambiar las cosas en el campo colombiano y de paso acabar con el problema de la tierra que es sin dudas el meollo del conflicto armado que ha desangrado al país por más de medio siglo. La desclasificación de los acuerdos alcanzados hasta ahora en La Habana y que deberán ser refrendados por todos los colombianos es un paso enorme en un debate al que siempre se le ha sacado el cuerpo entre nuestros líderes.

Ya se conoce el proyecto de ley de baldíos que se pondrá a consideración del Congreso de la República para su pertinente debate y que propone mayor agilidad en los trámites y seguridad jurídica para la adjudicación de tierras. Al igual que este importante paso, se ha hecho pública la idea del Gobierno Nacional de configurar un banco de tierras en todo el territorio para que se adjudiquen propiedades comunitarias, se restituyan fincas y se organice de una vez por todas la propiedad en el campo colombiano. Vale la pena resaltar que casi un cuarto de las propiedades rurales no cuentan con las escrituras legales o actualizadas que le permitan a sus dueños de hecho acceder a la financiación para proyectos productivos en el sistema financiero.

La actualización catastral adelantada recientemente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es una herramienta vital para armar el nuevo mapa de la frontera agrícola colombiana y sincronizarlo con las obligaciones históricas para con nuestros campesinos. Este adelanto, sin duda, se constituye en la piedra angular para que los alcaldes del millar de municipios de todos los tamaños puedan ejecutar el cobro, olvidado en su mayoría, del impuesto predial. Y si a esta revolución en términos de la propiedad de la tierra se le suma un trabajo mancomunado con lo hecho en la cartera de Ambiente, en términos de licencias y delimitación de páramos, estaremos caminando hacia un país más igualitario y seriamente legalizado en el alcance de las propiedades.

Hay un Pero con mayúscula y tiene que ver con la pobre institucionalidad del las entidades agrarias. Hay que rehacer el Incoder, reformar Corpoica y garantizar que el ICA sea una oficina técnica y científica, no como ha venido siendo una captura de burocracia. A este optimista panorama de las cosas que pueden pasar en el campo se le debe sumar la Misión Rural, el Censo Agropecuario y el Estudio Macro de los cafeteros. Todos estos insumos académicos y técnicos que le darán el marco teórico a la reforma agraria estructural que puede estar por venir.