martes, 20 de enero de 2015
Aunque el Ministerio Público liderado por Alejandro Ordóñez no se ha pronunciado al respecto, fuentes cercanas a la organización confirmaron que se abrirá una investigación a los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué.
Nelson Norbey Quintero, Javier Guzmán Díaz, Gustavo Enrique Prada Sánchez, Osman Alberto Olaya Rodríguez, José Hernán Castilla Lozada y la firma Strategik S.A.S., representada legalmente por Andrés Aníbal Sierra Pineda, serían las personas sobre las que podrían recaer sanciones disciplinarias e inhabilidades por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La razón por la que intervendría la entidad estaría en el movimiento de recursos del registro mercantil.
De los mencionados, a los que ya la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Pablo Felipe Robledo, puso pliego de cargos resultarían más afectados de ser hallados responsables al concluir la investigación Nelson Norbey Quintero, Javier Guzmán Díaz y Andrés Aníbal Sierra Pineda, quienes serían removidos de sus cargos, a los que se hicieron durante las pasadas elecciones de diciembre.
Hay que recordar que Quintero y Guzmán son cuota del gobierno, por lo que se asume que también podrían ser destituidos antes de que se conozca el pronunciamiento final de la SIC en este caso que empezó el 4 de diciembre del año pasado con la salida de su presidente ejecutivo Silverio Gómez.
Sobre Sierra Pineda, también recae la duda sobre si usó su investidura como miembro de la Junta de la Cámara de Comercio de Ibagué para gestionar intereses privados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Lo anterior también tendrá que determinarlo la Superindustria.
Los investigados tendrán un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación para que presenten descargos y soliciten o presenten pruebas, según la entidad de control y a lo estipulado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El recuento
Hay que recordar que Robledo le confirmó a LR el pasado 11 de diciembre que el órgano de control había decidido enviar hasta la Cámara de Comercio de Ibagué una comisión conformada por tres funcionarios de la organización para que realizaran una veeduría del funcionamiento de la entidad hasta el 19 de diciembre, o sea un día después de la celebración de los comicios. Esto, para garantizar que todo marchara en orden, pero al parecer no fue así y por ello se formalizó la investigación el lunes en horas de la tarde.
¿Dónde estuvo la falla? La Cámara realizó un censo de afiliados e hizo la depuración por antigüedad, pero la omitió por inscripción de libros contables, y en una visita de inspección y vigilancia adelantada por la SIC, se advirtió que dicho censo estaba incompleto. Una vez se identificó la falencia, se pidió a la entidad de gobierno aplazar las elecciones 14 días de lo previsto, mientras se llevaba a cabo la operación faltante. Dice José Miguel de la Calle, exsuperintendente de Industria y Comercio, que los primeros afectados por esta problemática, sin duda, son los comerciantes que pueden empezar a perder la confianza en la institución, con lo que se podría deteriorar el comercio en la región.
¿Parecido al caso Barranquilla?
Explicó Robledo que no, y que en Ibagué no hay ‘empresas de papel’ como sucedió en la capital del Atlántico.
Antecedentes
Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, dice que en 54 Cámaras de Comercio se celebraron los comicios para elegir a los miembros de junta directiva que ejercerán hasta 2019 sin ninguna irregularidad ni contratiempo.
La más importante del país en número de afiliados es la de Bogotá, en donde se registraron 1.628 sufragios y quedaron 12 miembros con sus respectivos suplentes: ocho de los comerciantes y cuatro del Gobierno Nacional.
Domínguez en una edición pasada aseguró que veía con buenos ojos que la Superintendencia de Industria y Comercio atendiera lo sucedido en Tolima para buscar correctivos.
Las opiniones
José Miguel de la calle
Ex superintendente de Industria y Comercio
“Creo que los primeros afectados por esta problemática de la Cámara de Comercio, sin duda, son los comerciantes que pueden empezar a perder la confianza en la institución, con lo que se podría deteriorar el comercio en la región”.
Pablo Felipe Robledo
Superintendente de industria y comercio
“No es igual a lo que sucedió en Barranquilla. En Ibagué no hay ‘empresas de papel’ como sucedió en la capital del Atlántico. Lo que hay en el Tolima, son firmas que no inscribieron sus libros de actas de asamblea, como es necesario”.
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