Colombia, justicia ‘macondiana’

Quienes están proponiendo limitaciones en las motivaciones para presentar tutelas merecen el apoyo de quienes consideramos que la utilización de estas se ha prostituido. Más grave aún, que con base en ellas pueda cualquier sala, cualquier juez, impugnar fallos de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, es una muestra evidente de nuestra justicia ‘macondiana’.  

En el sector judicial colombiano nos sobran tantas cortes, consejos, fiscales, comisiones de acusaciones y tribunales, expertos en  enredar, dilatar y fallar en forma estúpida. Nos sobran los jueces y magistrados politizados, todopoderosos, resentidos o corruptos que se han apoderado del sector judicial, no pocos de ellos graduados en ´universidades de garaje´. El ping-pong de contradicciones jurídicas sobre la destitución de Gustavo Petro nos demuestra que sí hay instituciones que impiden el progreso del país. 

Las asociaciones o colegios de abogados deberían participar más efectivamente en el ejercicio de la profesión de abogado, cualquier egresado no debería ejercer sin demostrar previamente su idoneidad. La cooptación, o sea, el nombramiento de los funcionarios nuevos por los funcionarios en ejercicio, los de las altas cortes en especial, debería reemplazarse por  candidatos presentados por el Presidente y ratificados por el Congreso. Nuestra Justicia  requiere una profunda reforma y Juan Manuel Santos ya demostró su incapacidad para ejecutarla.    

Cuando los gobernantes se perpetúan en el poder, llámense Napoleón, Hitler, Stalin, Chávez, Putin… se acrecientan sus egos y tratan de pasar a la Historia por sus conquistas. Las imperfectas democracias, con sus máximos de ocho años de gobierno por presidente, nos protegen contra la perpetuidad de las tiranías.  

A la fecha, se ha popularizado otro tipo de conquista o intervención más civilizada de los países ricos en los países en desarrollo.  Con tal fin crearon el Estatuto de Roma, las Cortes Penales Internacionales, el Fondo Monetario Internacional, los tratados de libre comercio…  Estas instituciones sí pueden ser útiles tanto para Colombia como para los demás involucrados.  

Pero su utilidad no siempre se puede generalizar ni exagerar.  Aceptar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para restituir al incompetente alcalde Gustavo Petro, como obligación ineludible de nuestro ordenamiento jurídico, nos obligaría, asimismo, a entregarle a Nicaragua el mar de San Andrés, porque una corte –algo superior a una comisión- La Corte de La Haya, así lo decidió en un fallo, ese sí más vinculante. 

Por ahí como que se ha presentado al Congreso un proyecto para legislar sobre la obligatoriedad para los gobiernos colombianos de acatar en adelante todas, absolutamente todas las medidas cautelares de las cortes internacionales. Absurdo. Nosotros no podemos ignorar nuestra imagen precaria entre los países desarrollados y, desde luego, entre los magistrados de dichas cortes. Para no pocos de ellos somos narcotraficantes, macondianos, malos vecinos… y como tales nos juzgan. Y los intereses de ellos priman sobre los nuestros, por lo general.