jueves, 24 de julio de 2014
No es ningún secreto que Colombia sufre de un grave problema de corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, publicado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 94 entre 177 países.
Compartiendo su puesto con Benín, Djibouti y Surinam, entre otras naciones. En el año 2003, Colombia ocupaba el puesto 59 del Índice.
El Estado colombiano, consciente del problema, ha adoptado medidas legislativas para reducir la corrupción. La más destacadafue el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).
A pesar de los esfuerzos, un problema tan arraigado en la sociedad no puede solucionarse mediante la expedición de leyes. La mayoría de los expertos están a favor de un enfoque integral con énfasis en la educación ética de los ciudadanos en todos los niveles. E insisten en la necesidad de involucrar el sector privado en la lucha anticorrupción.
En Colombia, hoy en día la gran mayoría de las multinacionales del sector farmacéutico, petrolero, entre otros, tienen programas de cumplimiento normativo. El objetivo de estos programas es prevenir actos ilícitos, que ocurren en las empresas, y son cometidas por cualquier empleado, sin importar el cargo que tengan.
Los riesgos que resultan de la comisión de tales actos son de naturaleza legal, financiera y reputacional. Los riegos legales se derivan de las sanciones penales y las inhabilidades para contratar con el Estado. Los riegos financieros residen en la facultad del Estado de multar las empresas que incurren en conductas corruptas.
En virtud de algunas legislaciones extranjeras, las empresas que tienen vínculos con determinados países como Estados Unidos o el Reino Unido, también corren el riesgo de ser sancionadas por autoridades extranjeras. Finalmente, los riesgos reputacionales de escándalos de corrupción pueden reducir el valor de la empresa y la confianza de los consumidores.
No existe un programa de cumplimiento normativo estándar para evitar estos riesgos. El diseño de cada programa depende de las circunstancias en cada caso y debe ajustarse a las actividades comerciales, el tamaño y el presupuesto de la empresa. Por ejemplo, una multinacional con actividades empresariales en Estados Unidos debe tomar medidas anticorrupción para prevenir sanciones en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras estadounidense (Fcpa). En cambio, una empresa mediana colombiana líder en algún sector estará más interesada en medidas antimonopolio para evitar riesgos relacionados con el derecho de competencia. A pesar de las diferencias, todos los programas de cumplimiento normativo comparten unas directrices generales, de conformidad con los estándares internacionales.
Para el diseño del programa, es necesario un análisis de riegos para identificar las amenazas de la empresa. Con los resultados del análisis, se desarrollan medidas para prevenir las amenazas. Una medida fundamental es el diseño e implementación de un código de ética. Los empleados tienen que conocer este código y seguir sus instrucciones en su trabajo. Es importante que los empleados sean capacitados en cuestiones de ética. En las grandes empresas se nombra un oficial de cumplimiento responsable de velar por la legalidad de los negocios manejados. Además de la prevención, es importante un sistema de detección de conductas ilícitas. Para ello, algunas empresas usan canales de denuncias anónimas para señalar irregularidades de forma confidencial. Por último, las empresas tienen que desarrollar medidas para sancionar los actos ilícitos detectados.
Aunque muchas empresas colombianas se muestran reticentes a estos programas por los costos, un sistema de cumplimiento normativo eficiente, previene y reduce la comisión de actos ilícitos.
Lo que lo convierte en una buena inversión. Finalmente, los costos ligados con un escándalo de corrupción podrían ser más altos y pueden llevar hasta la extinción de la empresa. En estos casos, los dueños de la empresa se percatan tarde que era mejor invertir en la prevención.
