martes, 17 de mayo de 2016
Entendiendo que las instituciones son reglas de juego existentes en un momento dado, útiles para organizar la sociedad conforme a una situación política, es fácil concluir que aunque se establecen con vocación de permanencia, lentamente varían por ser el resultado de los ajustes que indiquen las necesidades y los que permita la capacidad política para modificarlas. Los cambios institucionales ocurren después de años de convivencia con unas reglas que se consideraron inapropiadas para el momento que se vivía.
Por otra parte, la gobernanza es producto del marco institucional que le da legitimidad a la regla para su cumplimiento por parte de la sociedad y, en caso de ser necesario, hasta para el uso de la fuerza en caso de desacato. Por eso la importancia de lograr la fortaleza de la institucionalidad para procurar que las personas cumplan las disposiciones y se dé el efecto deseado por las normas. Este efecto debe ser el que más conviene al interés general. Por ejemplo, la decisión del Estado de permitir la explotación de un recurso natural no renovable o de prohibirla en una zona del territorio, supone un proceso de parte de la institucionalidad que sopesa beneficios y perjuicios para tomar la decisión. Su acatamiento por parte de la comunidad y por el explotador es la manifestación de la gobernanza y confiere legitimidad a la institución.
Los cambios institucionales comienzan por haber sido conscientes sobre la necesidad de hacer el ajuste que permita un mejor funcionamiento de la institución, por ejemplo, porque trae una mejora para la convivencia o un mayor beneficio para la mayoría. El diseño de la nueva institucionalidad supone una definición de política, la aplicación de un criterio técnico sobre la mejor forma de adoptarla e implementarla y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Un ajuste institucional exige contar con la capacidad para adoptarlo y ponerlo en marcha. No es solo tener la competencia otorgada por la ley, sino los apoyos de quienes hacen posible la gobernanza incluyendo las fuerzas políticas y sociales. Si no se cuenta con éstas, el cambio institucional y la gobernabilidad tienen el riesgo de perder legitimidad y de crear condiciones propicias para la generación de conflictividad y el desacato.
La premisa fundamental es que la institucionalidad debe estar al servicio del bien común y por eso, en caso que sea necesario incluir modificaciones, debe adoptarse racionalmente luego de analizar las mejores opciones, las bondades y los inconvenientes. Así vista, la institucionalidad es el medio y no el fin, por lo cual conviene lograr mayorías sobre ese propósito. El apoyo político y social debe ganarse a partir del convencimiento sobre los beneficios del cambio, con la fuerza que da la razón y la contundencia que dan los buenos argumentos en favor del fin que se persigue.
