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Analistas 05/12/2014

La institucionalidad cafetera

Sergio Clavijo
Prof. de la Universidad de los Andes
La República Más
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El 2014 fue un buen año para el sector cafetero colombiano, beneficiándose de: i) volúmenes cercanos a los 12 millones de sacos; ii) una devaluación promedia año de 6%; y iii) un precio internacional “aceptable” a niveles de los US$2/libra. Todo esto ha llevado a una mejora sustancial del precio interno de la carga, pasando de un promedio de $480.000 en 2013 a $690.000 en 2014. Pero a pesar de este repunte de 43% en el precio interno durante el 2014, este es solo ligeramente superior al promedio de $670.000 observado durante 2008-2014.

La paradoja es que después de los años críticos de 2009-2012, marcados por bajos niveles de producción (bordeando los ocho millones) y bajos precios internacionales agravados por apreciación cambiaria, la institucionalidad cafetera continúa en grave estado de crisis. De hecho, la divulgación de los estudios de la Comisión Cafetera, convocada por la Administración Santos dos años atrás, ha servido de excusa para ahondar divisiones geopolíticas, en vez de allegar mejores caminos de diálogo tecnocrático constructivo.

Tal como lo había comentado Anif un año atrás, el sector cafetero colombiano ha venido enfrentando una grave crisis de rentabilidad. Pero ello no es exclusivo del sector cafetero, sino que le ocurre a muchos otros sectores del país, por cuenta del llamado “costo Colombia”: i) un SML elevado y desalineado respecto de las ganancias en productividad; ii) altos costos de energía; iii) sobrecostos de transporte; y iv) apreciación de la tasa de cambio real (lo cual solo recientemente ha empezado a corregirse).

También comentábamos en aquella ocasión, como ahora lo hace la Comisión Cafetera, que el otorgamiento de subsidios a través del Programa de Protección al Ingreso Cafetero (PIC) era costoso ($1.2 billones), regresivo y no solucionaba el problema de provisión de bienes públicos para el agro (como un todo). A este respecto cabe señalar que los seis centavos de dólar que hoy se recogen como contribución parafiscal al interior del sector cafetero representan anualmente unos $140.000 millones/año, luego dichos subsidios PIC fueron de magnitudes gigantescas y desproporcionadas para las necesidades de muchos otros sectores agrícolas, además de su regresividad social.

Dicha Comisión realizó una importante compilación de diagnósticos reiterativos sobre la baja productividad del sector cafetero colombiano a nivel internacional y sobre la urgencia de lograr instituciones que: i) riñan menos con el libre mercado; y ii) superen los conflictos de intereses que supone mantener la regulación en manos de quienes ostentan una posición dominante en la comercialización del grano (fluctuando entre 25%-35% del mercado).

No obstante, también cabe señalar que este tipo de recomendaciones hubieran llegado a campo más fértil si su forma de “socialización” hubiera sido más atinada y si se hubiera profundizado más sobre cómo lograr tránsitos y cronogramas a nivel microsectorial. Dicho en otras palabras, la Comisión se excedió en repetición de mensajes macro, quedando en déficit de provisión de evaluaciones costo-beneficio sobre la forma de hacer cambios institucionales y mejorar la provisión de bienes públicos para el sector cafetero.

Por ejemplo, hubiera resultado muy pertinente que la Comisión Cafetera 2014 hubiera analizado cuales de los elementos que restan productividad al sector cafetero son exclusivos del mismo y cuales, en realidad, son elementos macro que explican el elevado “costo Colombia”: ¿Será que los reparos de la Comisión Cafetera a la sobreregulación exportadora y a la falta de eficiencia institucional explican el 10%, el 30% o hasta el 50% de esa baja productividad del sector cafetero colombiano?

Claramente, el tema sustancial está en el conflicto de intereses que se genera al tener a la Fedecafé como parte integral del cuerpo regulador-supervisor y al ser al mismo tiempo un importante jugador comercial a través de sus cooperativas, las cuales han venido participando con 25%-35% del mercado. Pero al mismo tiempo cabe reflexionar sobre lo inevitable: alguien tiene que hacer estas tareas de regulación-supervisión. 

Bajo un esquema de “cambio extremo” se acabaría el Comité Nacional de Cafeteros con representación del gobierno (Mhcp, Mincomercio, Minagricultura y DNP) y este tipo de tareas las adelantarían los órganos gubernamentales, como ocurre con el resto de los sectores. La Comisión parece tomar un posición algo extrema al sugerir que los temas de café se atiendan en “una ventanilla más” del Minagricultura. Qué útiles hubieran resultado análisis más profundos sobre temas microgerenciales por parte de la Comisión para dar luces sobre costo-beneficio de los nuevos arreglos institucionales que se sugieren.

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