miércoles, 23 de julio de 2014
A pesar de que la Superintendencia de Puertos y Transporte emitió un fallo de cancelación de la habilitación de la empresa Rápido Tolima, la compañía podrá seguir operando.
La razón, de acuerdo con el superintendente Juan Miguel Durán, es que la empresa aún tiene términos, como el recurso de reposición y otro de apelación, que aún no han agotado pues la determinación sobre las condiciones de operación, técnicas y de seguridad, apenas va en primera instancia. “Dentro del procedimiento de ley, el fallo es de primera instancia y por tanto la firma puede recurrir a un recurso de reposición. Si una vez agotada la vía legal quedara en firme la decisión, se tendría que oficializar ante el Ministerio de Transporte, ese es el procedimiento”, sostuvo Durán.
La última instancia la tiene un funcionario frente a su despacho, dice el superintendente de Puertos y transporte.
Lo que sucederá en caso de que en el proceso de Rápido Tolima se mantenga la cancelación, es que el Ministerio de Transporte deberá volver a licitar las rutas que la compañía tenía para evitar la afectación directa a los usuarios.
Es importante aclarar que aún si el fallo inicial continúa siendo el mismo, la cancelación no implica un cese de actividad inmediato, pues hasta que no se tenga quién atienda la demanda de la compañía no se pueden eliminar de manera definitiva las rutas.
El reporte disciplinario de la empresa no es nada alentador. Rápido Tolima tiene siete investigaciones administrativas adicionales, y con decisiones en firme que le dejaron multas económicas por más de $20 millones, esto, por “la no entrega de información, abandono de rutas, tener tarjetas de operación vencidas y por los accidentes en los que están involucrados vehículos de la empresa”.
A lo anterior se le suman los tramites que adelanta la Superintendencia de investigaciones por faltas que figuran en Informes Únicos de Infracciones al Transporte (Uits) por incumplimientos de buses afiliados a la empresa, y que fueron remitidos por la Policía de Tránsito, por más de $270 millones. El récord no para allí, en lo corrido del año ha habido 12 accidentes con esta compañía involucrada que han dejado 15 víctimas fatales. Stalin Rojas, experto en Movilidad de la U. Nacional, señaló que es una sanción ejemplar, pues aunque queden más instancias, porque se debe garantizar el debido proceso, “la Supertintendencia debe exigir la seguridad de los usuarios y la calidad en el servicio. Se debe aplicar la norma”.
Los transportadores, señalan, omiten las normas a sabiendas de su existencia. De acuerdo con el informe de la Superintendencia, en los últimos cuatro años la entidad aumentó su recaudo en 674% por multas impuestas, cifra que llegó a un monto de $27.697 millones a un total de $240.000 millones. Los actos administrativos sancionatorios llegaron a un total acumulado de 9.118. A pesar de que se intentó contactar a los responsables de la compañía, hasta el cierre de esta edición ni Alfonso Parra ni Miriam de Parra se pronunciaron al respecto, tampoco estaba disponible Luz Mary Arias, encargada del área jurídica.
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