La democracia local va más allá de las elecciones

La elección popular de alcaldes y gobernadores iniciada hace casi 30 años ha sido uno de los avances más significativos de la democracia y es evidente su impacto en el desarrollo territorial no solo en términos políticos, sino de solidaridad y sentido de pertenencia y responsabilidad de las comunidades en su propio destino. Sin embargo, el avance en este sentido no ha sido acompañado de un modelo serio y moderno de descentralización económica y administrativa que lleve a que los mandatarios respondan por la planeación y ejecución de los programas, sino que se ha creado una dependencia malsana en la que el gobierno central maneja asuntos que deberían ser solo del resorte territorial.

En ese orden de ideas, la campaña para elegir a los mandatarios cada cuatro años está montada no sobre propuestas concretas para solucionar los problemas de las comunidades en forma autónoma e independiente, sino del poder que el aspirante logre tener o acumular de su partido a nivel nacional y del interés del gobierno para que su candidato alcance al triunfo en los comicios para lo cual se utilizan todo tipo de acuerdos y alianzas. Para ese efecto, la bancada parlamentaria es determinante para lograr que en el plan de desarrollo o en el presupuesto público se incluyan las partidas para lograr el objetivo expuesto.

Con el cierre de las inscripciones de candidatosa alcaldías y gobernacionesy de las listas para concejosy asambleas se inicia en forma la campaña de durará alrededor de cien días y todo indica que para las elecciones de octubre próximo no es mucho lo que cambiará en este sentido y por el contrario el esquema de manejo politiquero se afianzará.

La idea no es que el gobierno central abandone a las regiones o no establezca mecanismos para que los ejercicios de planeación funcionen y haya una correcta asignación de los recursos, pero esto debe hacerse a través del acompañamiento a las autoridades locales en la solución de los problemas y brindarles el apoyo financiero cuando se necesite, pero sin acabar con la autonomía y la credibilidad que tienen las autoridades locales frente a su comunidad y menos influenciar en las decisiones políticas de sus habitantes.

No parece que vamos por el camino correcto en este sentido. Mientras en el mundo, la globalización abre cada vez las puertas a las regiones como centros de desarrollo que compiten y el Estado pierde terreno, en nuestro país ocurre lo contrario: desde el centro se pretenden arreglar problemas locales, en una especie de retorno al centralismo asfixiante. En buena parte eso explica que se esté hablando ya de abultadas cifras de dinero para alcanzar una alcaldía o una gobernación o se generen hechos comoel ocurrido en Cartago, Valle, que parecen ligados al poder de mafias que pretenden manejar los recursos públicos.