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jueves, 16 de febrero de 2017

Al banquillo ya han pasado el azúcar, el cemento, el arroz, los cuadernos, los hidrocarburos, entre otros, habiéndole entregado del testigo a las subastas ganaderas, quienes se “cartelizaron” para establecer artificial y coordinadamente una comisión que debía ser pagada por quienes concurrían a adquirir algunos semovientes.

¿Por qué debe protegerse la libre competencia?
La libre competencia es un derecho constitucional de carácter económico y social, consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política, en el que también se reivindica la función social del empresario y su papel en el mercado. Este derecho también conlleva la observancia de algunos deberes encaminados a competir correctamente en el mercado para lograr la eficiencia económica, sin obstaculizar la posición competitiva de terceros y sin alterar la libertad de decisión de los consumidores.

¿Tienen carácter absoluto las libertades económicas?
Las libertades económicas que consagra la Constitución no son absolutas. El Estado tiene la facultad para intervenir (a través de la Ley y de sus instituciones) con el propósito de preservar determinados bienes jurídicos tales como la seguridad, la salubridad pública, los derechos de los consumidores, el interés general, entre otros. 

¿Cuáles son los principios constitucionales del Derecho de la competencia?
La Constitución Política estableció tres principios que gobiernan el derecho de la competencia: i) Libertad económica: Cualquier persona puede escoger libremente una actividad lícita a realizar para obtener un beneficio patrimonial; ii) Libertad de empresa: Cualquier persona puede destinar determinados bienes en dinero o en especie para la realización de la actividad económica escogida; iii) Libertad de competencia: Cualquier persona tiene derecho a encaminar su esfuerzo empresarial hacia la conquista del mercado, dentro de un marco de corrección y lealtad negocial. 

¿Cuál es el propósito de la libre competencia?
Expulsar del mercado aquellos comportamientos reprochables que alteran la libre competencia es de vital importancia para garantizar la libre concurrencia de agentes que se incentivan a ofrecer mejores productos o servicios. 

Así, proteger al mercado supone proteger al empresario que actúa con probidad y que resulta afectado por los comportamientos reprochables de otros competidores. También significa salvaguardar al consumidor de los abusos de algunos empresarios que no actúan con la debida lealtad y buena fe negocial. 

¿En qué medida las prácticas restrictivas afectan al consumidor?
Los consumidores -destinatarios finales- son lesionados directos por los comportamientos anticompetitivos de los empresarios. El precio final que se ha de pagar por un producto no es el resultante de la interacción entre la oferta y la demanda sino el que artificialmente ha fijado el empresario (o el cartel). Además, la calidad del producto es inferior pues no es un factor determinante en la adquisición, al punto que el oferente ha perdido el interés en mejorar e innovar en torno al bien o servicio ofrecido, la oferta se reducirá, entre otros supuestos.