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  • Colprensa

jueves, 24 de abril de 2014

Así lo decidió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al negar la petición el procesado le hiciera a la Fiscalía General de la Nación por estimar que el proceso corría riesgo si seguía en la capital del Valle, esto por varios hechos que fueron documentados a través de interceptaciones telefónicas. 

De acuerdo con la Fiscalía, se evidenció que supuestamente “un exfiscal, ahora Procurador Delegado para la Vigilancia Electoral lo estaba ayudando con los trámites en esa dependencia”. O bien que “otro procurador, al parecer amigo del defensor, le colaboraría con una juez de ejecución de penas en lo referente a la ejecución de la sentencia, aun cuando se dice que la misma no aceptaría por el escándalo que se generaría”. 

A pesar de no ahondar en estas denuncias, la Fiscalía sí reseñó que cuando se emitió la orden de captura en su contra, “un director del CTI” sabía de su existencia a pesar de la reserva de la información e incluso manifestó que él “trabajaría” mejor en su supuesta entrega. 

Además, la Fiscalía argumentaba que el exsenador cuenta con amplios recursos económicos, gran apoyo entre la ciudadanía -que incluso podría convocar una turba-, y recuerda que el dirigente político fue condenado por nexos con paras y que todo estos hechos podrían afectar el proceso y el orden público. 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia consideró que se trata de apreciaciones subjetivas carentes de respaldo probatorio, que no acaben en una solicitud como estas que se entiende como un mecanismo “residual y extremo”. 

En ese sentido, la Corte señaló que la posibilidad de que se convoque a tres mil personas por parte de Martínez para presionar el caso no tiene valor probatorio pues este se encuentra preso en la cárcel La Picota de Bogotá. 

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