La Constituyente de la paz (II)

La Constitución del 91, como toda obra humana, es perfectible. Si las nuevas generaciones la ven con ojos críticos, seguro le encontrarán imperfecciones, pero lo que no se puede ocultar es que transformó al país en asuntos tan relevantes como la reforma del presidencialismo a ultranza y la apertura de mecanismos de participación ciudadana.

Es una herramienta fundamental para facilitar la paz dentro de un renovado Estado Social de Derecho que hizo desaparecer el permanente Estado de Sitio o Estados de Excepción en el que vivíamos, también nos entregó un Congreso mucho más participativo y activo. Se acabó el bipartidismo y se creó la tutela como mecanismo útil para el ciudadano. Todos estos fueron logros reales de la Constituyente.

El orden territorial se perfiló con tendencias “federalizantes”, que incluyó la vigorización del municipio. Entre otros temas, impulsó la inclusión política que condujo a la transformación del sistema electoral que antes era muy individualista y no respetaba intereses colectivos.

Para fortalecer la justicia, se creó una Fiscalía poderosa con un pie en el Ejecutivo y otro en el Judicial, capaz de hacerle frente al momento violento que se vivía. Por eso surge la necesidad de reformar la justicia que estaba (y sigue estando) llena de ‘cuellos de botellas’.

Un cambio sustancial se gestó en el manejo de la macroeconomía, al quitarle el poder de emisión de moneda al Gobierno Central para entregárselo a la nueva Junta Directiva del Banco de la República, organismo independiente del gobierno, con perfil autónomo y con la responsabilidad de control sobre la emisión para una moneda sana. El resultado, la baja sustancial de la inflación.

Se avanzó en el respeto de los derechos sexuales y en los derechos de la familia. La carta de derechos es la más completa de las constituciones modernas.  

Es, además, una Constitución verde: 40 artículos elaboraron un marco de acción que garantiza la primacía, la protección del medio ambiente y de nuestros sistemas ecológicos abundantes muy valiosos en las decisiones económicas del país.

Los servicios públicos recibieron una apertura total. Se le dio un vuelco sustancial a los estatizados y atrasados servicios públicos anteriores, y ahora, con la inyección del sector privado, evolucionaron.

Hay asuntos que no se trataron o que no han funcionado. Es el caso del ordenamiento territorial y la esquiva regionalización, ya que a pesar de tener los artículos que deben ser desarrollados para reorganizar el territorio nacional, el centralismo impidió que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) avanzara en su reglamentación.

También han tenido dificultades los mecanismos de participación ciudadana, tales como el referendo por problemas de umbral. Los mecanismos de control jurídico o político tampoco han funcionado como se diseñaron. Aún no tenemos un estatuto de oposición que no tenga como única finalidad repartir los puestos de control, sino que propicie un seguimiento más eficaz sobre los ministros y la gobernabilidad del país.

Sin duda, la Constitución fue un “momento estelar” de nuestra historia reciente. Reflejó un gran espíritu colectivo de superación que nos puso a pensar en grande y, además, nos hizo sentir capaces de construirlo democráticamente, sin armas. Fue un momento de inspiración suprapartidista por encima de los pequeños intereses y debe considerarse como nuestro gran tratado de paz y el legado que le dejaremos a la próximas generaciones.

Una mejor Colombia es el logro de la Constitución del 91, aunque falte lo que falta.