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martes, 24 de noviembre de 2015

Tema que no resulta de menor monta, cuando los últimos tres mandatos han permitido la apropiación de las calles y del sistema de transporte, coyuntura que constituye un escenario propicio para la delincuencia. 

Sin desconocer la importancia que este sector de la población pueda tener, el alcalde electo deberá tener mucho tacto al implementar la política de recuperación del espacio público y retiro de vendedores en el sistema de transporte que tanto promueve, ya que los anteriores mandatos, con su actitud pasiva e impávida, han permitido dichas actuaciones generando expectativas de legalidad en tal sector.  

En este sentido, entra en juego el concepto de confianza legítima definida como aquellas expectativas generadas por la administración con ocasión de la comisión de equívocos verificables y objetivos que han sido creadas, promovidas o toleradas por el Estado en torno a la proyección de situaciones favorables futuras. 

Dicho de otra forma, al haberse permitido el desarrollo de actividades económicas en estos espacios y sin el cumplimiento de los requisitos legales, ha permitido el nacimiento de determinadas expectativas en estas personas consistentes en que su actividad seguirá siendo tolerada en las siguientes administraciones.

 Ahora bien, el hecho que el Estado haya pretermitido su función de aplicación de la norma, no implica que dichas expectativas no puedan ser modificadas por los siguientes mandatarios.

En este sentido, las condiciones descritas deberán ser objeto de un paquete de medidas planificadas que permitan, por un lado, el cumplimiento de la norma, y por otro, la asimilación de estas por las personas que desarrollan tales actividades.

A contrario sensu, de efectuarse la imposición de medidas de forma improvista y desinformada generará el rompimiento de la confianza legítima que la izquierda ha construido durante los últimos doce años.

 De darse este último supuesto, el alcalde entrante podría llegar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Distrito.

 Es de recalcar que, aun cuando las actividades descritas pueden estar abiertamente prohibidas por el legislador, lo cierto es que dicho argumento, aunque válido, no resulta de suficiente peso para alterar de forma intempestiva una condición dada por un periodo prolongado de tiempo.   

 Bajo este punto de vista, el anhelado cambio que esperamos los bogotanos en materia de recuperación del espacio público y seguridad en el sistema de transporte pasará por la implementación de un plan que deberá respetar las expectativas de esta población.  

Lo anterior, como se dijo, no es un asunto de menor cuantía si se tiene en cuenta que el número de personas arropadas por esta condición es considerable en la ciudad de Bogotá.  Basta caminar por Chapinero, el centro de la ciudad o el famoso San Andresito para vislumbrar el número creciente de esta población. Sin contar con el incremento de puestos de comidas ambulantes que invaden el espacio público. 

En definitiva, los cambios vaticinados por el próximo alcalde, al menos en las situaciones descritas, no se percibirán de forma rápida y concreta.