lunes, 28 de julio de 2014
Las notarías, felices produciendo dinero incontable a partir de las huellas digitales de miles de sobrevivientes del sistema de trámites en el país, se han convertido en aprendices de “protagonistas de novela” a la hora de competir con la incapacidad gubernamental para abolir los innecesarios trámites a los que en silencio, pero con rencor, ya nos hemos habituado los colombianos.
Colombia, acostumbrado a cambios vertiginosos de políticas de estado según el genio de sus gobernantes, ha visto desde hace décadas cómo se hacen cambios y ajustes innecesarios para los nacionales a partir de “innovaciones” retrogradas que lo único que hacen es alargarle la cabeza en la licencia de conducción y ponerla en un fondo más frondio que la actitud de ALGUNOS funcionarios de ventanilla que lo reciben a uno con un ¿qué hacemos?, “se me sale de las manos”, “con esta arruga no le puedo recibir”, “la fotocopia no está clara”.
Esa última es la campeona, “la fotocopia no está clara”, ¿han visto ustedes las copias que le entregan al ciudadano cuando solicita un radicado?, ¿entienden ustedes alguna letra?, ¿algún concepto?
Y es que la problemática no es tan simple como se ha planteado. Mientras miles de ancianos deben salir mensualmente a reclamar su pensión para demostrar que están vivos, millones de colombianos deben “pelear” su pensión ante el Ministerio de Hacienda para que emita un bono por el que ha venido trabajando toda su vida.
¿Cómo es posible que en 2014 alguien tenga que empezar los trámites de su pensión mínimo con dos años de antelación a su retiro laboral?, ¿cómo es posible que los fondos de pensiones o el mismo Seguro del estado no le reconozca al ciudadano el 100% de su bono pensional en el momento en el que lo quiera retirar?, ¿por qué debe utilizar la palabra “negociar”?, ¿acaso el estado ya no negoció lo suficiente con esos fondos cuyo único dueño es el ciudadano que trabajó toda su vida?
Lo anterior y haciendo referencia al ámbito laboral, en el que obviamente el ciudadano entra perdiendo porque lo primero que tiene que hacer es contratar a un abogado, contrasta tristemente con los trámites para la salud, la educación y el consumidor en todos los ámbitos.
Hay que ver cómo las empresas de telefonía celular, cables operadores, ventas con crédito, bancos, concesionarios, grandes superficies, en fin, la industria en general, violan cada enunciado de la ley 1480 del estatuto del consumidor. Publicidad engañosa, poca calidad en los productos, problemas de facturación, mala prestación de los servicios y otras cientos de causales de vulneración a los derechos del consumidor, ya no son defendidas de igual manera por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tristemente ha modificado su contexto misional hacia la publicidad y el innecesario mercadeo político y gubernamental.
Colombia, un país de gente pujante, brillante, alegre, emprendedora, creativa y demás, acaba de celebrar otro día de la independencia.
Esperemos que este año y de acá en adelante logremos independizarnos también de la ineptitud y el negocio descarado a la hora de adelantar algún trámite.
Realmente es muy triste, por no decir descarado, que mientras usted lee esto, hay miles de colombianos haciendo la fila para ir a los exámenes médicos en consultorios amañados por las entidades que le desfiguran su cabeza y la imprimen en el color desteñido y tibio de la corrupción en forma de “pase”.
