• Colprensa

viernes, 27 de febrero de 2015

Se trata de Juan Carlos Ortiz Zárate, socio gestor de Premium Capital; Tomás Jaramillo Botero, también socio gestor del Fondo, “cerebros' de todo el desfalco.

La medida también cobija a: Claudia Patricia Aristizábal González, representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero; Natalia Zúñiga Isaacs, representante legal de Valores Incorporados; y Ricardo Martínez, representante valores incorporados; y Juan Andrés Tirado Moreno, directivo del fondo Premium.

Según la sustentación de Alexandra Ladino, fiscal del caso, existía un riesgo de fuga de los individuos y además de que representan un riesgo para la sociedad.

Asimismo, señaló que “la justicia no puede ser solamente para los de ruana, y el material probatorio es suficiente para determinar que los sujetos realizaron actividades ilegales con dinero que les entregaban los socios del fondo”.

“Los comportamientos exteriorizados entonces resultan ampliamente censurables, pues sin recato alguno y persiguiendo fines egoístas de incrementar el patrimonio de unos pocos en sacrifico de los derechos de la comunidad, de los inversionistas y asociados, han incurrido en las conductas punibles que se les indilgan”, señaló Ladino.

Esta solicitud fue avalada por el representante de la Procuraduría General, que consideró que existían los elementos materiales de prueba para ordenar una medida privativa de la libertad en contra de los seis “cerebros” de dicho Fondo y que por la gravedad de los hechos ameritaban que se dictara la medida.

"Han tenido oportunidades en la vida, tienen formación profesional y tenían que mostrar un comportamiento decoroso y transparente", dijo la representante de la Procuraduría.

Y fueron estos argumentos los que tuvo en cuenta el juez para tomar su decisión y reafirmó que los seis inversionistas representan “un peligro para la sociedad

Por su parte, los abogados defensores rechazaron la solicitud argumentando que sus defendidos han dado muestra de cumplirle a la justicia y responder por los daños causados, por ello este viernes apelaran en audiencia la decisión del juez, la cual consideran exagerada e insistirán en el beneficio de casa por cárcel.

A la espera de una negociación

Cabe recordar que los detenidos son señalados de cinco delitos: captación ilegal, no reintegro de los dineros, manipulación fraudulenta de especies, estafa y concierto para delinquir.

De estos cargos Juan Carlos Ortiz, Tomas Jaramillo y Ricardo Martínez aceptaron su responsabilidad en los delitos de manipulación fraudulenta de especies, estafa agravada y concierto para delinquir.

Y dieron a conocer que se encuentran adelantando negociaciones con el ente investigador, en aras de firmar un principio de oportunidad, por los delitos que no aceptaron que son: captación masiva y habitual de dinero y no reintegro de los dineros captados del público, y tendría que ser avalado por el propio fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

Por su parte, Juan Andrés Tirado, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga negaron su responsabilidad en estos hechos.

Ahora solo hace falta que se defina la situación jurídica en contra de Erick Anderssen y Víctor Maldonado, quienes están fuera del país. Rachid Maluf, quien se encuentra adelantando un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, y contra Jhon Muñoz, quien no ha atendido los llamados de la Fiscalía.

Detalles del declive de Fondo Premium

En la audiencia la Fiscalía demostró la hipótesis delictiva según la cual a través del Fondo Premium, domiciliado en Curazao, se manejaron de forma irregular los dineros que habían sido invertidos por 1.206 personas en Colombia y había sido promocionado por la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, en liquidación.

A estas personas se les dijo que se trataba de un negocio de bajo riesgo y diversificado en el exterior; pero “esos dineros terminaron invertidos en Colombia para financiar empresas del grupo Interbolsa”, afirmó la fiscal del caso, Alexandra Ladino. Entre estas empresas se encuentran las de Víctor Maldonado, que son Latinoamericana de Inversiones Sumo, Helados Modernos, Malta S.A., Las Tres Palmas, y las empresas vinculadas con Alessandro Corridori.

“A los creadores del Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz Zárate y Tomás Jaramillo Botero, les fue confiado el buen manejo de US$174 millones. Sin embargo, a espaldas de sus 1.200 clientes, llegaron a meter más de US$110 millones en la especulación con la acción de Fabricato en 2012, el mismo hecho que terminó derrumbando al Grupo Interbolsa”, dijo la fiscal del caso.

El mecanismo, explicó la fiscal, consistía en el otorgamiento de préstamos de dinero a través de la sociedad panameña Premium Capital Investment Advisor. Del mismo modo, el ente acusador demostró que la captación de fondos a través de intertourist INC, con domicilio en Panamá, se recogieron dineros que hacían parte del mismo Fondo Premium y que terminaron financiando las empresas en Colombia.

Asimismo, determinó que las dos sociedades claves terminaron siendo las colombianas Rentafolio Bursátil y Financiero (RBF) y Valores Incorporados (VI).

Sin embargo, la Fiscalía explicó que esos dineros se repartían entre Ortiz y Jaramillo, incluso algunos eran prestados a Víctor Maldonado y así se dio inicio a la captación ilegal.

"Recibían los recursos de las personas que tenían la intención de consignar su dinero en los llamados Fondo Premium y se estaban captando dineros del público sin que estas entidades financieras tuvieran dicha facultad", dijo la fiscal del caso.

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación calcula las pérdidas en más de 300 mil millones de pesos. Y de esta cifra las víctimas reclaman la devolución de 194 mil millones de pesos, 64 millones de dólares y 200| mil euros, según reveló la fiscal en la audiencia.

Los dineros que devolvió Ortíz

El socio de Inversión del Fondo Premium de InterBolsa, Juan Carlos Ortiz, señaló que entregó las acciones que tenía en Millonarios en beneficio de la comunidad, como parte del dinero para reparar a las víctimas del descalabro financiero. “Mi colaboración con todo lo de Millonarios asciende a 12.500 millones de pesos y en total van a ser cerca de 20 mil o 25 mil millones", dijo Ortíz.