La única salida es que las ‘ías’ hagan su trabajo

El país político y económico atraviesa por uno de esos tiempos difíciles que siempre sacuden a la sociedad y le dejan cicatrices duraderas que se abren de cuando en cuando. El caso de coimas, patrocinios y captura de voluntades, por parte la constructora brasileña Odebrecht, todavía está lejos de acabarse y cada día salpica los nombres de nuevos funcionarios y políticos, quienes de una u otra forma se vieron comprometidos en sus pagos, directa e indirectamente. Ahora es una realidad que la multinacional le metía dinero a todas las campañas de tiempo atrás y que los receptores de este dinero prohibido devolvían favores traficando influencias para sacar obras públicas adelante. Aquí el gran problema no es distinto a que una buena parte de la sociedad colombiana piensa que “el fin justifica los medios” y que era normal recibir dinero de empresas extranjeras para pagar gastos en publicidad a través de empresas tradicionales. Esa inconsciencia es la misma a la que se enfrenta mucha gente cuando trata de explicarle a alguien sin principios y valores cuál es el pecado o delito en que se incurre con el lavado de dinero, pues no hay un código ético social que condene el hecho de recibir dineros calientes. Es casi una cultura o sociedad mafiosa donde todo se vale. La muestra es que las campañas presidenciales recibían dineros prohibidos y los metían al torrente legal con  artimañas dignas de la mafia con el asocio de empresas legales. Con las últimas confesiones y consecuentes denuncias de Roberto Prieto, quien fue el gerente de la campaña Santos Presidente en 2010, las cosas se complican para ellos, pero mejoran para el país con dignidad que lucha por mejorar la transparencia de su clase dirigente. La gran preocupación es cuáles son las empresas colombianas que han incurrido en las mismas tácticas de Odebrecht, porque el escándalo aún es foráneo y no han salido a la luz pública nombres de nacionales. Y para completar la faena de escándalos y dolor de Patria, salta la investigación de la Contraloría General de la Nación sobre el detrimento patrimonial de Reficar, que pone sobre la mesa la exorbitante cifra de $17 billones. Han sido llamados a responder 10 ministros y varios empresarios de renombre sobre su papel en la trama de los escandalosos sobrecostos. Si bien los funcionarios actuales le han salido al paso a la investigación pidiendo que se haga un trabajo exhaustivo, queda en el ambiente que fueron inferiores al reto de pertenecer a una junta directiva y la corresponsabilidad que este rol tiene en el gobierno corporativo. Alguien deberá responder por los escandalosos sobrecostos y, seguramente, será la constructora estadounidense CBI, pero los implicados deberán hacer un mea culpa sobre su papel tolerante o mínimamente cómplice de lo que allí sucedía. Duele ver tanto escándalo, pero queda el fresco de que todo se está destapando y que la pelota está en terreno de las ‘ías’ para que hagan bien el papel que les ha otorgado la Constitución.