jueves, 20 de noviembre de 2014

Es paradójico, que ahora que se plantea al país la visión de construir desde hoy la Colombia del futuro en  torno a tres ejes estratégicos, la paz, la equidad y la educación, nos encontremos tantas dificultades de calidad en algunas entidades de educación superior.

De acuerdo al artículo 67 de la Constitución Política, la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Sin embargo, el artículo 69 de la Constitución Política, señala que las instituciones de educación superior tienen derecho a la autonomía universitaria, lo que les ha permitido tener una amplia libertad para establecer sus reglamentos y estatutos, conformar sus autoridades, desarrollar sus programas y disponer la aplicación de sus recursos, siempre y cuando sean para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Afortunadamente, el artículo 67 de la Constitución señala que le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. De igual manera, el artículo 6º de la Ley 30 de 1992 dispone que uno de los objetivos de la educación superior y de sus instituciones es prestar a la comunidad un servicio con calidad.

Antes del decreto 2219 de 2014, el Ministerio podía imponer sanciones, pero con largos procesos que comenzaban desde la amonestación, pasando por imposición de multas, hasta la cancelación definitiva de los registros calificados de los programas académicos y de la personería jurídica de estas instituciones.

Ahora con el nuevo decreto, el Ministerio podrá tomar medidas preventivas y temporales en las instituciones de educación superior que no cumplan los estándares de calidad requeridos, que utilicen las rentas para fines diferentes a los de su misión social, que no hayan hecho nada por mejorar sus condiciones a pesar de las sanciones que les haya impuesto esta cartera o que ofrezcan programas sin registro calificado. El decreto determina que el Ministerio podrá imponerles distintas medidas: exigirles un plan de mejoramiento de sus programas académicos; designar uno o varios representantes del Ministerio que puedan hacerle seguimiento a la gestión académica, administrativa y financiera; la suspensión temporal de los registros y exigirles a las universidades, cuando sea necesario, garantías financieras que avalen la continuidad de sus programas y finalmente, el decreto faculta a esta cartera para que pueda ordenarles a estas instituciones que administren sus bienes y recursos a través del Icetex o una entidad financiera autorizada.

Esta medida también generó debates en el seno de la comunidad académica en torno a su eficacia y si afecta o no la autonomía universitaria, así Carlos Forero director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), “afirmó que el decreto es bueno ya que su intención es darle al Ministerio de Educación herramientas que antes no tenía para vigilar e intervenir las universidades”.

Más allá de las polémicas, es claro que desde hace muchos años miles de estudiantes y sus familias, que han sido afectados por los abusos de algunas universidades y sus directivas, estaban esperando este tipo de acciones, que garanticen el derecho a la educación.

En suma, la meta de “Colombia la más educada 2025”, corre el riesgo de no poderse cumplir, si las universidades no elevan sus niveles de calidad en la educación superior.

En conclusión, esperamos que con el Decreto 2219 de 2014, que reglamenta el ejercicio de inspección y vigilancia de la educación superior, los estudiantes y padres queden protegidos de universidades que no garantizan la calidad de su educación.