• Carlos Eduardo González

miércoles, 19 de abril de 2017

Según la entidad, “el cártel conformado por Kimberly Clark y Protisa impuso a sus clientes (distribuidores, mayoristas, supermercados, etc.) alzas de precios, en algunos casos, de más de 20%, durante el periodo mencionado”, que transcurrió entre 2005 y 2014. Por lo tanto, ambas fueron multadas con cerca de US$90 millones, de los cuales, US$55 son para Kimberly y US$35 para Protisa”. 

Cabe destacar que entre estas dos empresas manejaban cerca de 90% del mercado de papel higiénico y otros productos de papel tisú (papel higiénico fino absorbente) en ese país.

Dentro de la justificación del  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ( equivalente a la Superindustria en Colombia), la cartelización “representó una directa afectación a las condiciones de competencia en el mercado de papel higiénico y otros productos de papel tisú”.

Entre las pruebas de la entidad se encuentran correos y registros electrónicos recolectados en visitas a las empresas. Además, se presentaron testimonios de reconocimiento de personas involucradas, registros de reuniones e, incluso, facturas de hoteles en donde se llevaron a cabo reuniones.

De igual manera, el Indecopi impuso multas a 14 personas naturales de ambas organizaciones, por cerca de US$350.000. 

Para el experto en propiedad intelectual, Édgar  León “el problema de la cartelización radica en el efecto nocivo que trae la fijación de precios en contra del consumidor”, ya que “este no puede escoger el precio del mercado que más le conviene, pues se encuentra manipulado en su elección por la transacción ilegal.  

De acuerdo con lo evaluado por la Secretaría Técnica de la Comisión en Perú, “se exoneró de la sanción a la primera (persona natural) en delatar el cártel y se redujo la sanción en 50% a la segunda, por su colaboración”.

 Adicionalmente, la entidad ordenó “desarrollar un programa de cumplimiento de las normas de libre competencia, para evitar que reincidan en estas prácticas que afectan a los mercados y a los consumidores”.

Este programa tendrá una duración de cinco años, en la que, entre otras cosas, se deberá contratar anualmente capacitaciones sobre la normatividad de la libre competencia. Además, estará dirigido tanto para los empleados, como para directivos.

Por otra parte, cada empresa deberá contratar a un oficial de cumplimiento que estará encargado de “facilitar la observancia de la normativa”.