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Colombia asiste impávida y desvalida a su tercer paro judicial en el corto periodo 2008-2014, en esta ocasión por cerca de 35 días. No ha valido que la Corte Constitucional (CC), para propósitos prácticos un verdadero “rey de burlas” de la Rama Judicial, hubiera conceptuado ya en dos ocasiones que nuestra Carta Política de 1991 prohíbe los paros en aquellos sectores que constituyen un servicio público básico, como evidentemente lo es el del sector justicia. En Macondo pueden más los sindicatos judiciales y de cárceles (Inpec), los cuales dependen del ineficaz Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), que los mandatos de la CC.
Este continuo desacato a la CC es el resultado de dos crasos errores: i) se elevó de facto al CSJ a la estatura jurídica de las otras Altas Cortes (CC, Consejo de Estado y Corte Suprema), dándole acceso a interpretar e interponer tutelas que constituyen graves “choques de trenes jurídicos”; y ii) se traspasó la función de declaratoria de legalidad o no de las huelgas del Ejecutivo hacia la propia Rama Judicial desde 2006. En esto último, Colombia fue muy ingenua al pensar que la Rama sería más “objetiva” que el Ejecutivo en dicha tarea, pero esa fue condición impuesta por los Estados Unidos a la hora de negociar el TLC.
Los males que está causando esta paralización de la justicia son múltiples y afectan a toda la economía. Se han dejado de realizar cerca de 15.000 audiencias y continúan regresando a las calles todo tipo de delincuentes, incluyendo pronto a los de cuello blanco involucrados en los desfalcos de Interbolsa. El Inpec, a su vez, ha cerrado los ingresos de nuevo personal a las cárceles y reitera que las tasas de hacinamiento bordean 50%, pero lo que no denuncian es el grado de corrupción que los cinco sindicatos carcelarios existentes auspician en todo el territorio nacional.
Lo peor de todo es que el gobierno luce maniatado y se encuentra negociando partidas presupuestales frente a una huelga ilegal. Solo la seccional de la Fiscalía ha anunciado sanciones salariales para quienes persisten en la cesación de funciones. Pero todos ya sabemos cómo seguramente terminará esto: el Ministerio de Hacienda cederá a la presión de vincular de forma permanente a cerca de 10.000 funcionarios que eran temporales y el Ministerio de Justicia cederá a la presión sindicalista de no admitir una sola sanción para los huelguistas, como condición para levantar el paro. ¿Dónde está entonces el imperio de la ley si la propia Rama está secuestrada por sus sindicatos y a la CC nadie le hace caso?
Anif ya se había ocupado de denunciar estas graves anomalías a raíz de la paralización de la justicia bajo Santos I en 2012-2013. En efecto, en aquel entonces el Sector Justicia se paralizó por 42 días. A pesar de estar prohibido en la Constitución y de los fallidos intentos de la Corte Constitucional por hacerla respetar, ese paro duró cerca de dos meses, afectando unos 150.000 asuntos judiciales. Algo similar había ocurrido bajo Uribe II, cuando en 2008 se tuvo que declarar emergencia de la justicia, que después la propia CC entraría a limitar y calificar en sus actuaciones bajo el estado de excepción.
En aquella ocasión, el gobierno decidió “premiar” el paro otorgando reajustes salariales (por $1,22 billones durante 2013-2017), sin exigir contrapartidas de ganancias en productividad (pues la Reforma Constitucional la tuvo que hundir el propio gobierno). No satisfecho con ello, el sindicato optó por extender el paro por otras semanas, tras la llamada “vacancia judicial” de finales de 2012.
Ahora arriesgamos que en las navidades de 2014 se vuelva a repetir la historia. De hecho, las huelgas de 2014 son para anticipar el cumplimiento del cronograma que ya se había negociado hace un año para 2017, algo verdaderamente insólito. En aquella ocasión, los costos directos de 42 días de paro judicial ascendieron a unos $65.000 millones, equivalentes a 0,04% del PIB de ese trimestre. Por simple extrapolación de cifras, en 2014 se está presentando una pérdida socioeconómica similar.
Según los últimos anuncios del Gobierno, tal como ocurrió con el sector salud, “ya no se requieren reformas estructurales en esos sectores”, sino que con una serie de decretos resultaría posible enderezar lo que con tanto ahínco se había impulsado en reformas constitucionales y leyes durante 2010-2014. Todo esto luce aún más desconcertante si tenemos en cuenta que están culminando no los cuatro años de Santos II, sino tan solo sus primeros 100 días.
