Justicia conectada

A mediados del año pasado en la vereda La Esmeralda, del municipio de Puerto Rico, cuatro guardias del Inpec y un interno fueron asesinados en plena vía que conduce de San Vicente del Caguán a Florencia, en el departamento del Caquetá, en momentos en los cuales el recluso era trasladado para cumplir con una diligencia judicial.

La espectacularidad del crimen bastó para llamar la atención de un país que aunque anestesiado por décadas de violencia, no pudo ocultar su indignación pues el hecho evidenció dos crudas realidades: por un lado, la vulnerabilidad de los funcionarios de la justicia en Colombia, en acciones regionales de este tipo; y por el otro, la magnitud de un riesgo a todas luces, anacrónico e innecesario.

¿Tiene sentido tener que trasladar a una persona de un lugar a otro para dar un testimonio que fácilmente hoy la tecnología permite, con mayores eficiencias y menores costos y riesgos? En esta era moderna no parece nada necesario. Las comunicaciones modernas convierten la virtualidad en una alternativa absolutamente válida para ayudarle al sistema de justicia colombiano a funcionar mejor.

El Gobierno, con muy buen juicio, aprobó hace poco una reforma legal que obliga a todas las cárceles del país a disponer y garantizar los elementos necesarios para conectar los centros penitenciarios con los tribunales, a través de salas de telepresencia. 

Según el nuevo artículo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberá garantizar en todas las cárceles del país “las locaciones y elementos tecnológicos necesarios para la realización de audiencias virtuales”. También, dice la norma, el Consejo Superior de la Judicatura garantizará que en todos los distritos judiciales existan las modernas salas, para que la totalidad de los jueces pueda atender estas audiencias. La videoconferencia llegó entonces para quedarse, como facilitadora de audiencias de alto riesgo, en un país donde esta práctica conocida como ‘Justicia Conectada’ parece caer como anillo al dedo, pues reduce a su mínima expresión factores que antes parecían condenados a permanecer fuera de control. Aunque no es nuevo aprovechar la tecnología y ponerla al servicio de la justicia en Colombia, sí lo es apostarle a la virtualidad mediante herramientas de última generación.

Pero el potencial de los beneficios de la ‘Justicia Conectada’ va mucho más allá, pues el uso del video en combinación con otras tecnologías de la información puede hacer muchísimo más eficiente cualquier proceso judicial. Incluso, más humano. Y lo logra a partir de tres pilares fundamentales: el primero tiene que ver con la posibilidad real de conectar a jueces con reos; el segundo, con incentivar las llamadas ‘televisitas’ o visitas virtuales de familiares o abogados a la persona que está privada de su libertad, y el tercero, con ofrecerle al recluso servicios de salud o educación a distancia, mediante alternativas de telemedicina o alianzas con centros de capacitación.

La experiencia internacional demuestra, que el uso del video para estos fines no solo aumenta la seguridad, sino que ayuda a bajar costos y mejora la eficiencia en todos los procesos. Por ejemplo en Ontario, Canadá, donde al año eran necesarios en promedio 180.000 traslados desde las cárceles a los tribunales, a costos de hasta US$1.500 por cada uno, la implementación de la videoconferencia permitió a las autoridades reducir a la mitad el número de traslados y en la misma medida, sus costos.

El video y las nuevas tecnologías comienzan a transformar  las prácticas tradicionales en las cárceles colombianas, impulsados por una norma que busca brindar a los reclusos las condiciones mínimas para garantizarles sus derechos fundamentales, y permitir de esa manera que sus procesos judiciales transcurran de manera más segura y eficiente. El resto sí quedará , como debe ser, en manos de la Justicia.