viernes, 24 de febrero de 2017
Uno de los cambios que tuvo el proyecto en el debate del miércoles en la Comisión Primera del Senado es que la Procuraduría General de la Nación podrá participar en la JEP, aunque solo si los magistrados solicitan la intervención de la entidad.
Para el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, es un “contrasentido absoluto”, pues la Procuraduría, según la Constitución, participa en los procesos cuando la misma entidad lo considera necesario, para defender así a las víctimas, los derechos humanos, entre otros.
Por otra parte está que sea la JEP la que dicte sus propias reglas procesales. En el debate se propuso que fuera la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que elaborara las normas procesales. Frente a ello, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que “la JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz que permite el proceso de desmovilización, desarme y sometimiento a la justicia transicional”.
Otro de los puntos más álgidos está relacionado con el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dice que los altos mandos son responsables de los actos que cometan sus subordinados.
En este sentido, la congresista Claudia López afirmó que espera que a los militares se les juzgue “con penas modestas a cambio de verdad”, pues reseñó que en el proyecto actual, “los están exponiendo a que terminen siendo juzgados en la CPI”.
En opinión del senador Juan Manuel Galán, la competencia de la CPI está plenamente vigente en el país, cuando la Corte “establece falta de voluntad o incapacidad del Estado para juzgar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, pero agregó que mientras el ordenamiento jurídico interno del país demuestre esa capacidad y voluntad de juzgar crímenes, “no creo que la Corte vaya a estimar la necesidad de intervenir”.
Otro de los puntos importantes que se tocó fue el de las víctimas, para que tengan garantías procesales en el acceso a la verdad judicial, la reparación integral (proceso liderado por los victimarios) y los beneficios jurídicos.
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