martes, 14 de febrero de 2017

En el comunicado de la Procuraduría destacan los  nombres de Francisco Solano Mendoza, expresidente del Banco Agrario y Luis Fernando Mejía Álzate, representante de  accionistas mayoritarios, entre otros. 

¿Cuál puede ser el futuro que enfrente  la Junta Directiva de la entidad financiera? El exprocurador y exfiscal, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que de este hecho se pueden derivar investigaciones de tipo  fiscal, penal y disciplinario. 

 Según Gómez Méndez, en un principio se dará una etapa de descargos para que cada uno de los funcionarios explique a la Procuraduría su intervención en el caso; y después de analizar cada una de las actuaciones de los miembros citados del Banco Agrario, la entidad definirá los castigos. 

Dentro de las sanciones, de tipo administrativo disciplinario, pueden estar la suspensión del cargo por seis meses o un año, dependiendo de la gravedad del implicado, e inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos que puede ser hasta por 20 años, explicó Gómez Méndez. 

AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA

Ante esta situación, la Contraloría adelanta desde enero una auditoría en donde se determinará el daño fiscal que puede darse por las condiciones en las que se otorgó el crédito, el proceso de aprobación, desembolsos y constitución. 

Así, según informó la Contraloría, el crédito otorgado en 2015 (con plazo de un año) tuvo dos desembolsos, por $70.000 millones y $50.000 millones, el 12 y el 22 de diciembre, respectivamente. Y se anuncia que, a la fecha, el capital e intereses, que ascienden a $133.974 millones,  no han sido pagados. 

También se enuncia que el 31 de diciembre de 2013, la Junta Directiva de la entidad aprobó la compra de libranzas y modificaciones al manual Sarc,  para que se realizaran esas operaciones.  Las transacciones individuales de compra de cartera comenzaron en septiembre de 2013, y en junio de 2014 el Banco Agrario hizo la compra de carteras de libranzas a Estraval y otras entidades por $277.029 millones.   

Frente a ello, el Banco Agrario emitió un comunicado en el que reitera que el crédito hecho al consorcio Navelena “se aprobó de acuerdo con la normatividad legal y las políticas de la institución”. Y además, que “se está adelantando el cobro directo de garantías y otras acciones para asegurar la recuperación de los recursos”.

Las opiniones

Alfonso Gómez Méndez
Exprocurador General de la Nación
“El proceso tendrá una etapa de descargos para que cada funcionario le explique a la Procuraduría su intervención, y ahí se decidirá la sanción, que en este caso será de tipo administrativo disciplinario”. 

Hernán Olano 
Constitucionalista Universidad de la Sabana
“No solo enfrentará sanciones disciplinarias, también alcances de tipo fiscal por la Contraloría General e investigación por la extralimitación de funciones por la Fiscalía General de la Nación”.