Muchas voces se han unido recientemente para criticar el accionar del sistema financiero colombiano, argumentando una deliberada tardanza en trasladar a los consumidores las reducciones en la tasa de interés de intervención del Banco de la República. Se acusa a las instituciones financieras de colusión, de abuso contra los consumidores y se les responsabiliza de parte de la desaceleración económica.
En este contexto, un entusiasta representante a la Cámara propone intervenir el mercado financiero de manera directa, mientras que el ministro Cárdenas les extendió a los bancos una amigable invitación, con sabor a advertencia, a recortar los intereses de sus créditos. Redondea el frenesí la invitación del ministro de Agricultura a bajar a “sombrerazos”, de ser necesario, las tasas de interés, mientras el vicepresidente Garzón pide detener el “ordeño” a los usuarios del sistema. De toda esta asonada no solo queda un malsano desprestigio de nuestro sistema financiero, sino el enérgico cuestionamiento a medidas de política como el aumento en las tasas de usura.
Lo primero que cabe mencionar es que el mismo gerente del Emisor reconoce una respuesta por parte de la banca a las mejores condiciones de liquidez de la economía colombiana. Señala, por ejemplo, que de julio de 2012 a febrero de 2013 las tasas de interés del crédito ordinario cayeron un 83% de lo que se redujo la tasa de intervención del Banco de la República. Más aún, este indicador estuvo por encima del 90% en el caso de los créditos de consumo. Aunque la respuesta sí parece estarse dando, cabe tener presente que el mecanismo de transmisión de la tasa repo a las tasas de colocación no es inmediato, y que dichos rezagos se tornan inestables. Incluso, vale la pena no olvidar que el traslado de las tasas del banco central al consumidor no constituye una obligación del sistema financiero, y que la tasa repo no es el único factor a tener en cuenta en la determinación de las tasas de interés. Por tanto, la respuesta de los intereses a la tasa de intervención toma tiempo y no tiene por qué darse de manera proporcional.
En cuanto a los aumentos en la tasa de usura, merece la pena resaltar la imposibilidad de llevar a los colombianos más pobres al sistema financiero formal sin flexibilizar el precio máximo del crédito. Para cuidar los depósitos de sus ahorradores, los bancos deben compensar la vinculación de clientes más riesgosos con imposición de mayores tasas de interés, en ocasiones por encima de la actual tasa de usura. Sin embargo, una copiosa literatura soporta que tasas que obtendrían las personas más pobres en el sistema financiero formal son mucho más bajas de las que obtienen a través de sistemas informales de crédito. Adicionalmente, los bancos pagan impuestos sobre sus operaciones, a diferencia de los “gota a gota” y prestamistas informales, que no solo no reportan sus actividades, sino que sus utilidades terminan siendo combustible de la delincuencia común y de las bandas criminales.
En mi opinión, una manera barata de ganarse la simpatía de la gente es irse lanza en ristre contra los enemigos del imaginario colectivo, donde desafortunadamente se encuentra el sistema financiero. Es cierto que los bancos operan en una estructura competitiva que les otorga un indiscutible poder de mercado, que en ausencia de una efectiva regulación, vigilancia y control se prestaría para abusos a los consumidores. Pero también es cierto que los intereses que inspiran el discurso contra los bancos no son únicamente financieros, sino políticos. Por eso hay que ser mesurado en el discurso, para que estas cruzadas no pongan en riesgo la estabilidad del sistema, la calidad de la cartera o los avances en la inclusión financiera.
