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El diario LR le pidió a un grupo de 250 empresarios colombianos que calificaran a Santos, sus ministros y sus funcionarios.
De esos resultados podemos evidenciar que el sector de la infraestructura de transporte fue duramente calificado, en especial el ingeniero Leonidas Narváez que solo obtuvo 2,8 puntos sobre 5.
Esta calificación más que para el ingeniero Narváez, es para Instituto Nacional de Vías (Invías), que ha visto desgastada su imagen en los últimos años.
Para entender esta calificación primero hay que saber que la misión de Invías es garantizar a la sociedad la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada, a través de sus subdirecciones de red nacional de carreteras, la red terciaria, férrea, marítima, fluvial, la prevención y atención de emergencias.
El porcentaje de participación de los privados en la infraestructura de transporte del país viene aumentando a través de las concesiones 4G y las Asociaciones Público-Privadas (APP), que ya vienen incursionando en la red férrea, fluvial y vial de Colombia.
En ese mismo porcentaje ha ido disminuyendo las funciones y el protagonismo de Invías. Regionales como la de Caldas en muy pocos años deberán ser liquidadas, pues las vías a su cargo están pasando a los privados que con peajes financiarán las obras, quitándole al Estado la responsabilidad de invertir en ellas.
La misma ley de infraestructura le quitó funciones a Invías con la creación de la Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte.
Las vías nacionales que aún continúan a cargo de Invías vienen siendo contratadas en grandes corredores, lo que sumado a las nuevas normas de contratación, en las que se pide gran músculo financiero, terminaron por sacar del mercado a las pyme de ingeniería y cederle el espacio a los grandes monopolios y las compañías extranjeras.
Aunque el presupuesto de Invías aumentó en estos últimos cuatro años, no incrementó así mismo la participación del Instituto en esos proyectos, pues el Gobierno se comprometió con los congresistas a ejecutar ese presupuesto como cupos indicativos, para lo cual se firmaron convenios con alcaldías y gobernaciones, en los que Invías solo ponía la plata, pero los pliegos de las licitaciones y las obras las definieron los alcaldes y gobernadores sin que estas necesariamente obedecieran al Plan de Desarrollo, ni tuvieran en cuenta las necesidades viales del país.
Los Caminos para la Prosperidad se vieron empañados por los escándalos, incluso la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, denunció irregularidades en los procesos licitatorios de Magdalena y Santander.
La ingeniería nacional advirtió lo que pasaba con las vías terciarias como la del municipio de la Celia (Risaralda), donde un concejal grabó el posible manejo de licitaciones para favorecer a ingenieros recomendados por unos “honorables” congresistas.
A la mala calificación del ingeniero Leónidas se suma la baja nota de la Ministra, que fue de 3,3. Los empresarios están calificando al Ministerio de Transporte por las obras que no se han podido terminar como el Túnel de la Línea y la demora para iniciar los grandes proyectos de infraestructura de transporte que requiere el país.
