lunes, 26 de enero de 2015
Cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció que, como parte de su visita a Francia, le interesaba lograr una cooperación en temas de seguridad para el posconflicto y una posible Policía Rural, tal y como funciona la Gendarmería francesa, se generó mucho revuelo.
No es para menos, pues durante la visita puso sobre la mesa la posibilidad de que actores armados ilegales se “legalizaran” a través de esta figura, lo que para los escépticos implica que no haya un desarme real de las Farc.
“No se me ha ocurrido, pero no lo descarto. Bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido”, enfatizó Santos, al hablar sobre la relación de excombatientes en este proceso, junto a su homólogo François Hollande. Además explicó que los recursos destinados al conflicto se podrían poner a disposición de la seguridad ciudadana.
Esta posibilidad también aborda el fortalecimiento institucional en algunas regiones del país donde históricamente el Estado no ha tenido mucha presencia.
De acuerdo con Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Eafit y columnista de El Colombiano, es una idea muy difícil de consolidar. “Es diferente la consolidación institucional en Francia a la presencia casi nula del Estado en Colombia en algunas zonas rurales”, aseguró.
Hay que analizar que si se le va a poner a las Farc “a que sea una policía que podría extorsionar por la tarde con la ilegalidad y en el día es un ente de control para la ciudadanía”. Dice que si se hace este experimento los excombatientes deberían cambiar de región para evitar estas relaciones, por ejemplo, muy cercanas con sus víctimas del conflicto reciente.
Sobre el mismo tema, Alejandro Sánchez director de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana de Cali, piensa que sería un experimento interesante donde la presencia estatal ha sido nula o precaria, o, incluso, donde la influencia de los actores armados ilegales ha sido relevante y con alguna estrecha relación con las élites políticas. Esto porque sería la extensión y construcción de una institucionalidad.
“Qué interesante sería una policía de ese tipo en donde no haya presencia institucional vigilante de la explotación minera”, pues se trataría además de gente que conoce mucho las regiones, agregó.
En el caso francés, la Policía Rural depende del Ministerio de Interior y está separada de la Policía y el Ejército. Entre otras labores, ayuda con el tránsito, trámites judiciales, apoya en misiones militares y desempeña trabajos administrativos en municipios con menos de 20.000 habitantes.
Sánchez agregó que en este experimento debe asegurarse de que la Policía no tenga compromisos con el poder político, y además que permita garantizar los servicios necesarios para las comunidades a las que llega, no solamente en seguridad.
Ayer el presidente Santos agradeció el interés de colaborar de Francia en el proceso de posconflicto que vivirá el país una vez se concluyan las negociaciones de paz y dijo “estamos viendo la luz al final del túnel, hemos avanzado lo suficiente para ser optimistas en que los acuerdos se van a lograr y tendrán repercusiones positivas para la región y para el mundo”.
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