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Poner la economía como punta de lanza para alcanzar metas sociales es un acierto, pero debe haber auditoria mediatica.
Pese a que en el discurso de posesión del 7 de agosto ante el Congreso de la República, el presidente Santos concentró la atención en el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla en La Habana y a precisar lo que significa el concepto de equidad y el énfasis en el mejoramiento de la educación, en los últimos días el manejo de la economía ha ganado relevancia en las intervenciones oficiales, lo cual sin duda no solo es destacable sino que genera confianza.
Sin duda que para alcanzar los objetivos sociales de mayor bienestar, disminuir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de empleo, tanto cuantitativas como cualitativas, se requiere una política económica que garantice no solo la estabilidad, sino que propugne por un mayor crecimiento para lo cual se requieren acciones concretas que el gobierno deberá incluir en el Plan Nacional de Desarrollo que se está elaborando y que llegará a debate en el Congreso de la República como lo establece la ley.
En ese orden de ideas, al término de una reunión del nuevo equipo de gobierno, se conocieron los grandes objetivos para el cuatrienio, dentro de los cuales se encuentran bajar el desempleo al 7,5%, hoy por encima de 9%, crear 2,5 millones de empleos adicionales, reducir la pobreza extrema de cerca de 10% a 5% e incrementar el ingreso por habitante a US$11.300 anuales. Todo esto con un horizonte del 2018. Lo anterior debe tener un marco estable tanto en lo atinente al manejo de las variables monetarias como fiscales. En el primer tema no hay preocupación mayor en el entendido que es resorte de la junta del Banco de la República, cuya independencia de las interferencias políticas parece estar garantizada. El programa monetario prevé que la inflación no superará 3% en este y los próximos años.
En lo que surgen dudas es en los mecanismos que dispone el gobierno para alcanzar esos objetivos y en particular en el manejo de la política fiscal, pues hay la sensación que los compromisos asumidos de gasto pueden no tener una respuesta en la generación de ingresos y en esos términos traer preocupación. Por ejemplo, toda indica que ya quedó enterrada la decisión tomada de eliminar el 4x1000 y el Impuesto al Patrimonio que reportan la no despreciable suma de $12,5 billones solo en 2015 y que el Ejecutivo no está en disposición de sacrificar como se había pensado hace solo dos años.
Dado lo anterior, no parece entonces muy creíble el planteamiento de que manteniendo el impuesto al patrimonio y/o con mayores tributos se pretenda acelerar la inversión en la economía hasta un 32% del PIB, desde poco menos de 30%, condición esta fundamental para alcanzar mayores tasas del crecimiento del producto. Con el paso de los días se irán depurando los datos y refinando los planteamientos.
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