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Funcionarios argentinos y representantes de los fondos buitre se reunieron por separado el viernes con un mediador judicial, Daniel Pollack, pero salieron de su oficina tras cinco horas de discusiones sin una resolución o una nueva conversación programada.
Ambas partes han endurecido su retórica para explicar que están dispuestas a negociar pero que la otra parte no muestra disposición a hacerlo.
“Si no hay un acuerdo, la próxima crisis de deuda soberana de Argentina comenzará el 30 de julio. Aún hay tiempo para evitar ese resultado, pero solo si el Gobierno argentino inicia conversaciones serias con nosotros inmediatamente”, dijo Aurelius en un comunicado según publica la agencia de noticias Reuters.
La firma dijo que junto con otros acreedores no reestructurados ofreció reunirse con el Gobierno en cualquier momento y en cualquier lugar, pero que su propuesta ha sido rechazada.
“Los funcionarios argentinos se rehusan a reunirse con nosotros o incluso a negociar con nosotros indirectamente. Lamentablemente, este enfoque juega con los medios de vida y el futuro del pueblo argentino”, agregó.
Los holdouts, liderados por los fondos Aurelius y Elliott Management Corp, ganaron un fallo a favor del juez Thomas Griesa por US$1.330 millones más intereses acumulados en el 2012, sobre la base de la cláusula pari passu, o trato equitativo, que estaba en los bonos que se vendieron originalmente en 1994.
Sin un acuerdo, el país podría caer en un nuevo incumplimiento de pago de deuda justo cuando lucha contra una recesión, combinada con una de las tasas de inflación más altas del mundo y reservas internacionales en declive.
El Gobierno sigue pidiendo una suspensión de la orden de Griesa para que el país pague a los holdouts mientras continúan las discusiones.
Eso daría a la nación más tiempo, más allá de un plazo del 30 de julio para pagar un cupón a los tenedores de bonos que sí aceptaron dos reestructuraciones de deuda previas, en 2005 y 2010.
Argentina teme que un pago inmediato a los holdouts origine demandas de pagos similares por parte de los acreedores reestructurados, según lo permite una cláusula de sus bonos que vence al comienzo del próximo año.
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