Hay que aflojar la tierra

En 2002, Darío Fajardo publicó un libro con el título “Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra”. Las discusiones alrededor de la tierra se han intensificado estos días, porque se ha sometido al debate público el proyecto de la ley sobre el ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales. Las reacciones en contra del proyecto han sido muy duras, y muestran que los grandes propietarios no están dispuestos a a aflojar la tierra.

Entre sus objetivos, el proyecto busca formalizar la propiedad rural, concretar el catastro multipropósito, darle vía al Observatorio de Tierras, sancionar a quienes no realicen una explotación económica, definir las características de los planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, poner en marcha el Fondo de Tierras, recuperar baldíos de la Nación, distribuir tierras con criterios de eficiencia y equidad.

El proyecto contribuye a modernizar el sector agropecuario. Una de las expresiones más claras del atraso del campo colombiano es la concentración de la propiedad de la tierra. Pero quienes se oponen al proyecto desconocen esta realidad. El censo agropecuario confirma las advertencias que desde hace años está haciendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). El Gini de concentración de la tierra oscila entre 0,8 y 0,9. Y esta distribución tan desigual tiene impactos negativos en la productividad del sector, y en la calidad de vida de los habitantes del campo. La distribución es bipolar. Por un lado, se observan grandes extensiones sin explotar adecuadamente; y por el otro, se presentan fraccionamientos excesivos de la propiedad. Sobre la pésima distribución de la tierra en Colombia coinciden los diagnósticos del Dane, el DNP, la Upra, el Ministerio de Agricultura, la Misión Rural y, a nivel internacional, Naciones Unidas, la Cepal y el Banco Mundial.

El proyecto de ley introduce mecanismos que estimulan el mercado de tierras, la eficiencia y la equidad. La norma crea condiciones para que haya un tránsito ordenado y pacífico hacia una sociedad moderna, en la que se elimine la brecha urbano/rural. No tiene sentido afirmar que el proyecto no respeta la propiedad priva-da. Todo lo contrario. La formalización es el eje de la propuesta.

Uno de los temas que más rechazo ha generado es la sanción a los suelos inexplotados. Puesto que la tierra no es bien como cualquier otro, y es escasa por su misma naturaleza, es perfectamente legítimo obligar a su propietario a que la explote de manera inadecuada. La idea no es nueva, y desde hace años se aplica a los predios urbanos. A finales del siglo XIX liberales radicales, como Henry George, rechazaban a los rentistas del suelo. Y en los años 30 del siglo XX, Harold Hotelling proponía que los impuestos se diseñaran de tal forma que obligaran a una explotación del suelo que fuera favorable al bien común.

Todo indica que el Gobierno no se la va a jugar por el proyecto. Y que no van a prosperar las sanciones de tipo administrativo a las tierras inexplotadas. Frente a esta realidad el único camino que quedaría para modernizar el campo es la vía tributaria. Y, entonces, la consolidación del catastro multipropósito es una prioridad. El impuesto se podría regular de tal manera que los suelos no explotados paguen prediales altos. La tributación es un buen mecanismo para aflojar la tierra.