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jueves, 11 de junio de 2015

El reciente e histórico acuerdo entre el Gobierno y las Farc para conformar una Comisión de la Verdad luego de la firma de un Acuerdo Final, no sólo está muy alejado de esta respuesta, sino que nos indica que estamos cada vez más cerca de un acuerdo sobre el Punto de Víctimas.

La experiencia de la firma de los acuerdos sobre reforma rural integral, participación política y lucha contra las drogas nos permiten predecir esta cercanía. Las Farc han modificado sustancialmente su discurso, coinciden en principios comunes con el Marco Jurídico para la Paz propuesto por el Gobierno, lo cual se veía muy lejano al inicio de las conversaciones sobre el punto. Hoy aceptan que deben reconocer responsabilidad, individual y colectivamente, y manifiestan que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas son un asunto propio, aunque compartido con los otros actores del conflicto.

Por supuesto, la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad plantea desde ya importantes retos e interrogantes. Habla por sí mismo el hecho de que el acuerdo no establezca una relación entre la Comisión de la Verdad y el Marco Jurídico para la Paz. Omisión además previsible pues las Farc se han opuesto expresa y reiteradamente al Marco, en su insistencia por refrendar el Acuerdo Final mediante una Asamblea Nacional Constituyente, mientras que el Gobierno ha insistido en que es la mejor herramienta para desarrollar la estrategia integral de justicia transicional.

Lo cierto es que el reciente Acuerdo comparte en mucho los principios fundamentales del modelo de justicia transicional plasmado. Refuerza una idea del derecho a la justicia más amplia que la concepción simplista de que la garantía de este derecho de las víctimas descansa en el objetivo de conseguir que todos los actores del conflicto armado, responsables de la violencia, estén detrás de las rejas. Por eso, en varias partes del comunicado conjunto, se reconoce que la Comisión de la Verdad, a pesar de ser un mecanismo extra-judicial, contribuye a la realización del derecho a la justicia.

Segundo, resalta la necesidad de que existan reconocimientos de responsabilidad por las violaciones cometidas; de las víctimas como el eje central; la necesidad de que los mecanismos judiciales y extra-judiciales hagan parte de un sistema coherente; el carácter transitorio de los mecanismos de justicia transicional, y la participación de todas las partes del conflicto.

Pero quizás lo más relevante, es que el Marco Jurídico para la Paz establece que en virtud de una ley se debe crear la Comisión de la Verdad y establecer, entre otros asuntos, su composición y funciones.

Y en este punto es donde surgen los mayores retos ya que implicará que el mecanismo de refrendación popular tenga un valor jurídico que por sí mismo obligue al Congreso a respetar el contenido del Acuerdo Final.

Un segundo gran reto está representado por la complementariedad entre la Comisión de la Verdad y la administración de justicia.

Finalmente, el comunicado compromete la contribución a la Comisión por parte del Gobierno y de las Farc, pero será la ley la que defina el alcance de la participación de “otras entidades del Estado” y de “terceros”. Sin duda, en un conflicto tan complejo como el de Colombia, sin la participación de otras partes en el conflicto como otros grupos armados ilegales, jueces, políticos, y empresarios, por nombrar solo algunos actores relevantes, no será posible alcanzar el objetivo principal de la Comisión: dilucidar la complejidad del conflicto y promover un entendimiento compartido del conflicto en la sociedad.

Y si aún algunos dudaban de que con la firma del acuerdo sobre lucha contra las drogas nos encontrábamos en un punto de no retorno, la firma del punto de Víctimas representará sin duda ese punto de no retorno, de camino, por fin, hacia el fin de esta guerra.