miércoles, 19 de agosto de 2015
A lo largo de los años ochenta, incrementó el fenómeno denominado “enviromental Market”; un aumento de consumidores solicitando productos ecológicos. Este pretendía buscar soluciones “individuales” a los problemas medioambientales que el Estado no remediaba.
El “Mercado Verde” generó un fenómeno que terminó siento aprovechado por la empresas en el incremento de los precios de los productos.
Los productos “Green” resultaban más costosos que los productos corrientes pero el mercado igualmente los adquiría pensando en hacerle un bien al planeta.
En algunos casos era un mensaje engañoso para atraer la atención del consumidor y no tenían un verdadero componente “Green”.
Un ejemplo de esto fue lo ocurrido con la empresa Mobilen 1988. Intentando crear conciencia contra el desperdicio de plástico se encontró con fuertes críticas que tildaron su comportamiento como un engaño a los consumidores.
A raíz de este tipo de incidentes los Estados implementaron guías de buen comportamiento (como leyes de protección al consumidor y regulación en el uso de marcas).
Un ejemplo exitoso es el Usda’s organic confiscation standars, ley que implementa el estándar que debe cumplir un producto para poder utilizar la palabra “orgánico” en su empaque.
Siendo las respuestas estatales de débil ejecución, y teniendo en cuenta que a nivel internacional no hay un estándar vinculante que permita acabar con el Greenwashing, surgieron respuestas individuales de agentes no estatales como ONGs e iniciativas de ciudadanos.
Un buen ejemplo de estos impulsos son las Empresas B. Estas nuevas compañías pretenden cambiar la concepción de hacer negocios de una perspectiva únicamente lucrativa a una perspectiva benéfica para el medio ambiente, la sociedad y las ganancias.
Una Empresa B no solo debe tomar decisiones que produzcan dividendos sino además que generen un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.
Si bien el propósito de las Empresas B no es detener el Greenwashing, inevitablemente es una consecuencia de su sistema de transparencia para mantener la certificación “B”.
Esto se debe a que uno de los requisitos para tener y mantener la certificación internacional es darle transparencia a sus actos en las distintas rendiciones de cuentas y evaluaciones del sistema B.
El panorama no es del todo claro pues hay una fuerte presión de agentes empresariales que compiten contra ONGs y no existe una campaña lo suficientemente fuerte para contrarrestar el peso.
Podría pensarse en que esos estándares cuasi normativos están formando un cuerpo de softlaw que en algún momento lograría ser derecho vinculante o llegar a formar una costumbre internacional.
Sin embargo, mientras no sea una actitud estatal clara, continua y fuerte no habrá una vía clara para ponerle fin la promoción engañosa de productos verdes.
