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  • Teresita Celis

lunes, 27 de febrero de 2017

“El pueblo de Marmato están contento, ya que lo que el tribunal ha ratificado efectivamente es nuestro derecho a seguir viviendo de la tierra como siempre hemos hecho”, indicó a este medio Rubén Darío Vanegas , presidente de la Asociación de Mineros tradicionales.

 Además, la empresa reclama la demora de la Agencia Nacional de Minería y las alcaldías de Segovia y Marmato, para dar solución a la invasión de mineros ilegales. 

Los argumentos de la empresa son que estas entidades han sido lentas en el desalojo de estos mineros y que no han ejecutado los amparos administrativos que ya le fueron otorgados a Gran Colombia Gold para la explotación de oro. 

Por otro lado, la empresa reclama que las autoridades no actúan para hacerle frente a problemas de orden público como paros, huelgas y violencia armada, generada por varios grupos al margen de la ley que están en la zona. 

Controversia en Caldas 

La demanda contra el Gobierno Nacional vuelve a mover un capítulo en Caldas en el tema minero que resulta espinoso y que tiene al alcalde de Marmato, Julio Vargas y al secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita enfrentados: el desalojo de minas que, pese a ser de propiedad de la multinacional canadiense, siguen siendo explotadas de manera informal e ilegal por mineros artesanales.

Sobre estas minas, que para el caso de Marmato son 68, Gran Colombia Gold tiene la posesión de los títulos y ha solicitado la ejecución de los amparos administrativos sobre éstas. Precisamente, uno de los argumentos que tiene la demanda contra del gobierno colombiana está sustentado en la demora, por parte del mandatario local, en la ejecución de los amparos administrativos.

Frente a esto, el alcalde de Marmato dijo que no cuenta con la capacidad económica para hacer los desalojos y que para ello necesita del apoyo de los gobiernos nacional y departamental.

“Esto es un problema que viene desde 2007, llevo un año largo en la administración y estamos cumpliendo en la medida que hemos podido sin alterar el orden público. Aquí hay un tema social muy grande porque de esas 68 minas viven 4.500 personas. Es una actividad ancestral y de ella han dependido toda la vida. No saben hacer otra cosa”, sostuvo.

Vargas dio que el gobierno departamental no puede hacerse el de la ‘vista gorda’ con la problemática y echarle a él la culpa de la situación. “Hay que hacer socialización. No la hicieron cuando vendieron las minas y ahora la debo hacer para cerrar las minas”, sostuvo.

Pero el secretario de Gobierno tiene su propia versión. El funcionario indicó que al Alcalde de Marmato le ha faltado voluntad para hacer cumplir las órdenes de desalojo y ejecutar los amparos administrativos.

“La autoridad policial en Marmato por Constitución la tiene el alcalde no el departamento. A él (Vargas) le recuerdo que tiene 68 solicitudes de amparos administrativos por parte de la Agencia Nacional de Minería para que actúe y no lo ha hecho. No ha tenido la voluntad”, puntualizó.

Piedrahita indicó que para ello puede utilizar recursos del Fondo de Seguridad de Marmato y dijo que existe un fallo de agosto de 2015 en el cual un juez ordena hacer el desalojo.

“Nosotros le hemos dicho que por favor actúe pero no lo ha hecho. El apoyo que solicita se lo hemos dado. Hemos ido con la Agencia de Minería y con la misma Gran Colombia Gold que le ha dicho que a esas personas que hoy explotan de manear ilegal las minas, la firma las vincula y las formaliza. Pero el alcalde no cumple las órdenes”, agregó.

Mientras en Caldas la controversia sigue, lo cierto es que el Gobierno Nacional tiene sobre su escritorio una nueva demanda que de perderla la pagarían todos los colombianos.

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